Desde su aparición el mes de diciembre 2019 en la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei, el covid-19 al 14 de abril 2020 ha contagiado cerca de 2,000,000 personas, y cobrado más de 126,000 vidas. Las pérdidas humanas vinculadas a la pandemia continúan aumentando a ritmo alarmante y están presentes en 213 países, áreas y/o territorios; el contagio no ha llegado a su pico a nivel planetario y ninguno de los países afectados ha vuelto a la “normalidad”.
Después de la adopción de medidas, tardías en muchos casos, de distancia social, y/o aislamiento, las políticas fiscales y monetarias han sido activas. Las perspectivas de la economía mundial lucen inciertas, en cuanto no se sabe con exactitud cuando se materializará el fin de la pandemia y cual será entonces el saldo global.
Bajo la perspectiva macroeconómica, la emergencia sanitaria ligada al coronavirus representa para el mundo un enorme shock, con un impacto negativo dual; del lado de la oferta, y desde la óptica de la demanda de productos y servicios.
Como respuesta a la pandemia, la comunidad internacional, ha puesto en marcha una batería de políticas de flexibilización monetaria, incentivos fiscales y planes sociales de apoyo.
En el ámbito monetario, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), implementó “medidas enérgicas” de flexibilización monetaria, para contener el incremento de los riesgos de recesión que supone la pandemia. Entre las medidas, se destaca la reducción de las tasas de interés de referencia a casi 0 porciento, y una masiva inyección de fondos, por aproximadamente US$2.3 billones, en forma de préstamos de apoyo a los hogares, a las empresas, y a los gobiernos locales, así como para garantizar la liquidez en el mercado financiero.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), para contener los efectos económicos del virus, se concentró en tres puntos esenciales: operaciones “revolventes” de financiación a largo plazo con vencimientos trienales a precios favorables; garantizar el flujo de crédito a la economía real a través de operaciones de financiación; y un aumento del programa de compra de activos (QE) , a fin de evitar que las condiciones del crédito se restrinjan en modo procíclico.
En el caso de República Dominicana, la Junta Monetaria adoptó una serie de medidas de flexibilización, a partir de una primera reducción de la tasa de política monetaria en 100 btps hasta 3.5%, y otras medidas para la provisión temporal de liquidez al sistema financiero, la disminución de los costos de financiación con cargo al encaje legal, y la concesión de plazos extendidos para el pago de préstamos.
Medidas Política Monetaria covid-19*
- Apoyo al sector agropecuario extensión de los plazos de créditos entre 60 y 90 días, y congelación de las clasificaciones de crédito.
- Reducción de la tasa de política monetaria en 100bps, de 4.5 a 3.5% anual; de la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día) en 150pb, de 6% a 4.5% anual y de la tasa de interés de depósitos remunerados de corto plazo en el Banco Central (Overnight), en 50pb hasta 2.50% anual.
- Reducción de 2pp del encaje legal en pesos y facilitación de liquidez mediante repos de hasta 90 días, para una inyección de liquidez en pesos equivalente a US$1,480MM destinada a préstamos blandos para los sectores productivos, que tendrán clasificación automática de riesgo A.
- Reducción de 2.5pp del encaje legal en dólares para una inyección de US$ 600 millones de liquidez al mercado de divisas; y aumento de hasta US$400.0 millones de las facilidades de liquidez en moneda extranjera por operaciones de repos de 90 días.
- Moratoria de 60 días para préstamos desembolsados contra líneas de crédito. Congelación de calificaciones y provisiones de los deudores en el nivel vigente al 18 de marzo y por 60 días.
- Extensión de plazos de préstamos con el Banco Agrícola por 60 a 90 días adicionales y congelación de las clasificaciones de crédito de los productores.
- Suspensión del cobro de comisiones bancarias por las emisiones de tarjetas de nómina ni por las transacciones mediante el sistema LBTR. Eliminación del pago mínimo mensual sobre el balance de las tarjetas de crédito y el cargo por mora.
*/Aprobadas reunión extraordinaria Junta Monetaria (BCRD) d.f.16/03/2020
En sentido general, las medidas de expansión de la oferta monetaria en todos los países demandan un esfuerzo fiscal importante, si se considera la caída de los ingresos en los sectores productivos, y por consiguiente la drástica disminución en la producción de rentas por parte de familias y empresas.
El apoyo de la expansión monetaria a la flexibilización en la oferta de crédito apunta a evitar un escenario generalizado de crisis crediticia por parte de la banca, mitigando sus efectos adversos en el sistema de pagos.
Para que las medidas de política económica implementadas sean efectivas, más allá del corto plazo, es preciso que se activen instrumentos complementarios como el otorgamiento de garantías a las MIPYMES, por parte del Estado, para préstamos de mediano plazo, bajo esquemas de mutualización del riesgo crediticio. Esta última requiere de uno o múltiples fondos sectoriales de garantía de depósitos, que pudieran ser avalados por el Estado.
Los préstamos avalados por garantías del Estado deben ser consistentes con los impactos sectoriales de la pandemia y condicionados al tamaño, características y proyecciones sobre el desempeño financiero de los sectores beneficiarios, a tono con los protocolos desarrollados por otros países como respuesta al covid-19.
La protección de las empresas nacionales frente a choques externos como el actual, resulta ser una prioridad país en la ruta para superar la crisis, tan importante como la protección de los trabajadores.
En República Dominicana los programas de asistencia covid-19, estarían vigentes, en principio hasta el mes mayo, a través de los ayudas sociales de alcance parcial, como es el caso del programa FASE, entre otros, los cuales aun resultando insuficientes, son insostenibles desde la perspectiva de las finanzas públicas.
Lo anterior, dado el gasto creciente, y caída en las recaudaciones por la ralentización de la actividad económica, y por el desplome de los precios internacionales del petróleo, que han experimentado una reducción superior al 70.0% en los últimos 12 meses.
Según el BID, en su más reciente informe sobre los efectos del covid-19 “el impacto directo en el balance neto del sector externo dependerá de la suma de los efectos del petróleo y el oro en relación con los cambios en los ingresos por turismo. En conjunto, las importaciones de petróleo y las exportaciones de oro representan aproximadamente el 70% del valor de los ingresos por turismo, lo que significa estos tendrían que caer un 30% más de lo que mejoran los precios del oro y el crudo para llegar a un impacto neutral”.
De acuerdo con los datos contenidos en los informes recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de la Unidad de Inteligencia de “The Economist (EIU)”, se estima una caída en las remesas de 1.82% y 5.9% para primer y segundo trimestre del año, respectivamente. La evolución de estas variables para los períodos siguientes, quedan sujetas a la duración e impacto de la pandemia. A tal respecto, algunas consideraciones:
- Una contracción del 1% del PIB de EEUU implica una disminución de 1.4% en las remesas hacia República Dominicana, por lo que se estaría contemplando una caída promedio superior al 10% de las remesas, al cierre del 1er semestre 2020.
- La contracción del PIB estadounidense afecta la Inversión Extranjera Directa, las exportaciones, los ingresos por concepto de remesas, y la compra de deuda soberana, lo que, entre otros factores, tiende a presionar al alza el tipo de cambio. El cual viene mostrando una tasa de depreciación del 2.12% en el período enero-abril 2020; es decir, 4 veces la depreciación mostrada en similar período 2019.
La coyuntura económica de emergencia y su impacto en las finanzas públicas, así como la evolución del mercado cambiario, tenderán a deteriorar las capacidades de honrar los compromisos en moneda extranjera en el corto plazo, por el desbordamiento de las cuentas públicas respecto a lo consignado en el presupuesto general de la nación para el período.
De acuerdo con las informaciones del Ministerio de Hacienda, al cierre 2019, un 72% del total de deuda del Sector Público No Financiero, es sensible al riesgo cambiario, a este porcentaje debe añadirse la colocación por US$2,500 millones efectuada en enero 2020, en dos tramos con vencimiento a 7 y 30 años (US$1,500MM), respectivamente; de los cuales el 60% fue colocada en dólares de los EEUU.
El riesgo país, medido en función del EMBI , en el período enero-abril 2020 pasó de 312 a 679 puntos básicos(bpts), aumentando su volatilidad y mostrando un incremento de su spread con relación a los bonos del tesoro de los EEUU. En el intervalo considerado, este indicador de riesgo superó el promedio de América Latina, pese a los valores extremos mostrados por las economías de Argentina y Venezuela.
El futuro inmediato, presenta una serie de retos en respecto a la condición en que quedaran las finanzas públicas y la salud del sistema bancario dominicano, post crisis.
El país deberá abocarse a la realización de transformaciones profundas en su sistema tributario, considerando en retrospectiva un pacto fiscal nunca cumplido, sumado al efecto del aumento extraordinario del gasto y la drástica disminución de los ingresos, que demanda la coyuntural actual, y cuyo impacto en el riesgo soberano comienza a hacerse manifiesto.
En perspectiva, ocurre entonces, crear capacidades fiscales de maniobra, y contemplar de cara al futuro próximo, la formulación de presupuestos anticíclicos. El aumento del gasto 2020-2021, en modo excepcional, es inminente por la pandemia y sus secuelas económicas, lo que implica que el gobierno tendrá que incrementar sus niveles de endeudamiento para honrar el servicio de la deuda.
Se hace necesario incentivar la creación de un fondo temporal de garantía por parte del Estado, que permita mutualizar el riesgo de financiación de los sectores más afectados por la crisis COVID-19. Sujeto a condiciones de desempeño, indicadores, entre otros aspectos que pudieran especificarse en normas ad hoc.
Respecto a los niveles de la deuda pública consolidada, denominada en moneda extranjera, ocurre implementar instrumentos para disminuir su exposición, garantizando su cobertura, y la capacidad honrar su servicio.
En el ámbito de la economía monetaria y financiera, en la actualidad existen múltiples normas incumplidas, como es el caso de la Ley de Recapitalización del Banco Central, y un rezago de por lo menos una década en materia de gestión integral de riesgos y suficiencia de capital, respecto a las mejores practicas internacionales aplicables a la banca y al sector financiero.
Es preciso impulsar la aprobación definitiva de la Ley de garantías recíprocas, pudiendo incorporar la participación del Estado como garante. Esto, permitiría facilitar y abaratar el otorgamiento de crédito a las MIPYMES, sector que representa el 38.5% del PIB y más de 2,700,000 empleos, cerca del 80% de los cuales se encuentra operando de manera informal, de acuerdo con las informaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Coyunturalmente, propiciar la flexibilización transitoria de las normas de evaluación de activos para los sectores más afectados, bajo un esquema de gradualidad, con base en la calificación pre-crisis y su desempeño histórico.
Superar la crisis actual, y garantizar la continuidad del Estado por encima de los intereses particulares requiere de profundas reformas; la concertación entre los actores políticos, económicos y del mercado es imperante en la trayectoria.