El Gobierno escocés pidió este miércoles al Ejecutivo británico que solicite una extensión del periodo de transición del Brexit, que finaliza el 31 de diciembre de este año, para evitar que la economía regional caiga hasta un 1.1% y acumule pérdidas de hasta €3,000 millones en 2022.
El ministro escocés de Relaciones Constitucionales, Michael Russell, presentó este miércoles un informe, elaborado por su Ejecutivo, que señala que abandonar la Unión Europea en el plazo previsto podría reducir el producto interior bruto (PIB) de Escocia entre un 0.7% y un 1.1% en 2022, lo que se traduciría en entre €1,100 y €1,800 millones.
“El documento que publicamos hoy sugiere que si no hay una extensión, incluso si se alcanza un acuerdo comercial básico con la UE en diciembre, habrá una pérdida acumulada en solo dos años de casi 2,000 millones de libras (más de €2,000 millones) llegando a casi 3,000 millones de libras (más de €3,000 millones) si no hay acuerdo”, dijo Russell ante el Parlamento escocés.
Según el documento, los sectores agrícola, pesquero y manufacturero de Escocia serían los más afectados si no se acuerda una extensión o el Reino Unido abandona la UE sin ningún tipo de pacto, en cuyo caso las relaciones entre el país y el bloque se regirían por los criterios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“Dado el enorme impacto económico causado por el coronavirus, sería un acto de extraordinaria imprudencia para el Gobierno del Reino Unido negarse a pedir una extensión”, esgrimió Rusell, quien recalcó que la pandemia del covid-19 ha afectado los preparativos de las empresas para abandonar el club comunitario.
El mismo llamamiento hizo el Parlamento de Irlanda del Norte, que aprobó una moción no vinculante para exigir al primer ministro británico, Boris Johnson, que solicite una extensión del periodo de transición del Brexit, de modo que la provincia británica pueda afrontar este divorcio sin la presión de la crisis sanitaria.
El Ejecutivo británico participa ahora en la cuarta ronda de negociaciones con la UE para consensuar un acuerdo comercial, tras la que se realizará una evaluación a finales de este mes, pero ambas partes admiten ya que ha habido muy pocos avances.
Persisten los desacuerdos en cuestiones laborales, medioambientales y de seguridad y, sobre todo, en el futuro acceso de la flota pesquera comunitaria a las aguas del Reino Unido.
Aún así, el gabinete de Johnson ha reiterado que descarta pedir una extensión del periodo transitorio, lo que sería posible hasta el próximo 1 de julio, al afirmar que causaría una mayor incertidumbre.
