El abogado de la Corporación Dominicana del Este, Miguel Valerio, calificó de “injustificable” la aprobación de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) tras las declaraciones otorgadas el martes por el consultor jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, quien explicó las condiciones en las que la ejecución del proyecto obtuvo el visto bueno por parte de las autoridades.
“Hasta por simple prudencia debió abstenerse el señor Espinal de asumir la defensa de un procedimiento viciado sobre el que pesan varias denuncias en la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)”, manifestó en un comunicado de prensa.
“Así evitaría las sospechas de que su intromisión en un asunto que ya es de competencia judicial busca condicionar la actuación del ministerio público”, señaló Valerio, para quien la obra “es otro eslabón más en una cadena de irregularidades y da alas a quienes avistan corrupción a lo largo de todo el proceso”.
Para el especialista, las exenciones fiscales por 15 años aprobadas el 16 de julio por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) a la obra son una muestra de que, a diferencia de los argumentos sostenidos por Espinal, el proyecto tendrá un alto costo para el Estado.
“A decir del Ministerio de Hacienda, (el aeropuerto) costará al Estado más de RD$4,000 millones de pesos (…) el Proyecto es financieramente inviable sin el generoso apoyo del Estado dominicano”, apuntó.
Indicó, además, que la concesión fiscal otorgada gozó de carácter definitivo sin que la documentación de rigor se hallara completa.
“Se produjo un decreto de aprobación del Poder Ejecutivo —lo que ocurrió cuatro días después, el 22 de julio—, mediante el permiso municipal de uso de suelo, sin que se haya probado que los desarrolladores del AIB son los dueños titulares definitivos de los terrenos donde se edificará el aeropuerto. Para colmo, el artículo tres del reglamento de aplicación de la ley de incentivos al turismo establece como una condición la ‘viabilidad económica’ del proyecto a ser favorecido”, explicó.
El experto aseguró que las respuestas del consultor jurídico de la Presidencia resultaron insuficientes para despejar las incógnitas que dejan la no objeción y recomendación de suscribir un contrato entre el Estado y los dueños del proyecto, evaluados por la Comisión Aeroportuaria, “al margen de sus atribuciones de acuerdo a la ley”.
“Mucho menos se refirió el señor Espinal a que siempre el caso del AIB se ha conocido en las instancias oficiales como punto fuera de agenda en reuniones fantasmagóricas durante la pandemia, sin dar tiempo a una debida ponderación y con la documentación pertinente, manejada como un secreto de Estado”, añadió.
Finalmente, el abogado de la Corporación consideró presuroso el haber gestionado en 10 días los permisos y estudios técnicos requeridos para la infraestructura, así como su aprobación por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), entidad que basó su análisis del proyecto “exclusivamente en las informaciones suministradas por los gestores de la AIB”.
“Aquí faltaba tiempo, no para un estudio exhaustivo, serio, independiente, y la observación escrupulosa de las normas legales, sino para concluir todo el proceso”, afirmó Valerio.
