Los fondos de pensiones están cobrando más atención que nunca en América Latina, en medio de una pandemia que está impactando la capacidad económica en general.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia ha llevado al desempleo a 41 millones de personas, circunstancia que afecta al sistema de prima media o al de cuenta individual.
En el de prima media, se aporta a un fondo sostenido por el Gobierno en el que, tras los años establecidos, se recibirá una pensión determinada de acuerdo con el promedio de remuneraciones recibidas.
En el de cuenta individual, se depositan aportes que se acumulan mensualmente y se incrementan con la rentabilidad de los portafolios de bajo o de alto riesgo.
La falta de aportes por desempleo golpea más al de prima media. Esos faltantes se reflejan en el balance final de la pensión, pero también afectarán el fondo estatal disponible en un futuro.
La informalidad: Un problema de base
Otro impacto al sistema pensional lo da la informalidad, ya que se deja de aportar y se crea un hueco en la base previsional.
“Tener como el 70% de la población informal es algo que no es sostenible. Se van a tener que hacer reformas, que todo el sistema de pensiones sea algo más de ahorro voluntario, pero no como está hoy en día”, le aseguró a Efe María Mercedes Cuéllar, exviceministra de Hacienda de Colombia.
Pero la informalidad no sólo tiene que ver con la imposibilidad de aportar por desempleo. “Muchos de los trabajadores formales no tienen fidelidad contributiva. Se ponen de acuerdo (entre patrones y empleados) para no cotizar al seguro”, afirmó a Efe Roberto Carlos Salinas, exsuperintendente de pensiones de Honduras.
Según el Banco Mundial, la informalidad laboral en Honduras es de un 58%, pero ese porcentaje, dice Salinas, podría ser del 80% por la no fidelidad contributiva.
Las pensiones como salvavidas
En Chile, el 23 de julio se aprobó una iniciativa para que los trabajadores retiren el 10% de sus ahorros en los fondos privados.
“Es una iniciativa que hace sentido y no me parece que sea algo que indique el fin del mundo”, le dijo a Efe el execonomista jefe del Banco Mundial para América y el Caribe Sebastián Edwards.
“Mucha gente, especialmente conservadores y de derecha en Chile, pensó que esta iba a ser una crisis horrible, y mí me parece que no, que es algo entendible, racional, 10% es 10%”, aseguró Edwards.
Hasta el 12 de agosto, según la Superintendencia de Pensiones de Chile, el 77% de los 11 millones de afiliados al sistema solicitó el retiro de sus fondos y más de 3.6 millones de afiliados ya recibieron cerca de US$5,000 millones.
No obstante, Edwards cree que esta medida aumentará la desigualdad social. “Los fondos ahorrados no han pagado impuesto a la renta. Ese impuesto queda pospuesto hasta el momento en que se utiliza una vez que la persona se pensiona, y, al permitir retirar sin pagar impuestos, esos impuestos a la renta que habían sido postergados quedan eliminados. Se le está regalando a la gente rica US$2,000 de impuestos”, añadió.
Retiros hasta de US$3,7000 en Perú
Tras la aprobación de una ley el 30 de abril, se le permitió a los seis millones de afiliados en Perú retirar hasta 25% de sus fondos acumulados, con un máximo de 3,700 por persona.
La medida se extendió hasta el 18 de julio y, según la Asociación de AFP (AAFP), se retiraron US$6,783 millones.
“Claramente esta medida ha sido un amortiguador a esta pandemia. Si bien US$3,700 para mí era demasiado dinero con respecto a la economía peruana, creo que ha sido una medida apropiada”, le dijo a Efe Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico en Lima.
En República Dominicana se propuso una devolución del 30% de los aportes a las AFP, pero se bajó al 20%.
“El problema es que la cantidad de recursos acumulados por los trabajadores dominicanos a nivel individual tampoco es mucho. Estamos hablando que un trabajador con un salario de unos US$300 al mes tampoco es mucho lo que puede acumular”, sostuvo a Efe la economista dominicana Magdalena Lizardo, directora ejecutiva del Grupo de Consultoría Pareto.
En Colombia, el decreto 558 del 15 de abril modificaba temporalmente de cotización del 16 al 3% durante abril y mayo, pero la Corte Constitucional lo tumbó el 23 de julio. Algunas empresas hicieron esas deducciones de aportes a sus empleados.
“Lo que dijo la corte ahora es que (esas empresas) tienen que cotizar esa plata con un plazo de hasta 18 meses. No sabemos cómo se va a reglamentar eso. Habrá que reponer esas cotizaciones que no se hicieron”, aseguró a Efe Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.
La encrucijada pensional argentina
Desde la eliminación de las AFP en 2008, las pensiones pasaron de nuevo a ser potestad del Estado argentino, un fondo pensional que ha servido como una caja menor de gastos estatales y paraestatales.
“Argentina ha jubilado sin que se haya hecho ningún tipo de aporte a más de cuatro millones de personas. Esas pensiones no contributivas generan un déficit de tres puntos del PIB y el Gobierno está tratando de corregirlo “licuándole” la jubilación a todos los beneficiarios”, señaló a Efe el analista Salvador Di Stefano.
Desde 2018, Argentina experimenta una fuerte recesión y la base pensional va a ser muy impactada por los efectos que suma la pandemia. “No hay ningún tipo de ahorro, no tenemos un fondo de pensión. Básicamente hoy la relación es de 10,500,000 personas que hacen aportes contra 9,500,000 jubilados. Hoy hay un déficit imposible de salvar”, concluyó Di Stefano.
Un “tsunami” para los fondos brasileños
Los fondos privados en Brasil llegaron en marzo a acumular un déficit de US$9,766 millones, pero en abril se amortiguó hasta los US$8,741 millones.
En mayo, la pérdida cayó a los US$6,546 millones, según la Superintendencia Nacional de Entidades Cerradas de Previdencia Complementaria (Previc).
Ante este panorama, el ex consejero delegado de Goldman Sachs de Brasil Paulo Leme afirmó durante el reciente ciclo Expert 2020 que “si se hace una analogía con un tsunami, el agua ya se nos entró por las ventanas, y hay ganadores y perdedores”.
Los 369 fondos reglamentados en Brasil administran un patrimonio de cerca US$84,123 millones, según la Asociación Brasileña de Entidades de Previdencia Cerrada (Abrapp).
