El experto en prevención del lavado de activos, Roberto Mella Cohn, calificó como “un duro golpe a la confianza” la filtración de reportes realizados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, siglas en inglés), en los que se describen operaciones financieras sospechosas que habrían realizado empresas vinculadas al caso Odebrecht.
Mella Cohn hizo referencia a la revelación de un reporte que contenía miles de operaciones irregulares enviadas a la unidad de inteligencia financiera estadounidense. El documento, publicado por el portal BuzzFeed News, es mandatorio cuando se sospecha que una institución financiera o un cliente podrían estar involucrados en algún ilícito vinculado al lavado de activos, y se realiza de acuerdo a las normativas de cada país al respecto.
“Esos reportes de los cuales se habla en la prensa (estadounidense) (…) provienen de informaciones de operaciones sospechosas realizadas por bancos a su unidad de análisis financiero, lo que me parece que algunos noticieros no han expresado correctamente”, manifestó.
Explicó que la filtración de estos datos se produjo desde el interior de la FinCEN y no desde los bancos u otros sujetos obligados, lo que en República Dominicana se consideraría una infracción penal con sanciones aplicables, tanto al sujeto obligado como al servidor público que revelara estas informaciones a terceros, de acuerdo a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, el también economista declaró que situaciones en las que se vulnera la seguridad de la información de una entidad de investigación estatal debilitan la confianza en aquellos que tienen la obligación legal y moral de reportar las irregularidades en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Consideró que la responsabilidad que tienen los bancos al manejar transacciones de millones de dólares a través de las cuentas bancarias nacionales y extranjeras es un tema “de gran debate” para las entidades financieras, porque deben decidir entre reportar y seguir con las transacciones o hacer el reporte y detener el negocio.
“Mi posición al respecto es que los legisladores y el sujeto obligado en reportar deben definir en qué punto las operaciones se mantienen como una mera responsabilidad del sujeto y en qué punto traspasa a la ceguera voluntaria”, señaló.
Añadió que las instituciones financieras deben comenzar a establecer una cultura de denunciar y rechazar transacciones monetarias irregulares. “Esa política de aceptar y reportar es una posición muy cómoda, porque mientras jugamos al gato y al ratón, el dinero sigue perdiendo más y más el rastro de ilegalidad, al momento que todos se siguen lucrando en el proceso”, enfatizó.
Por último, el especialista antilavado lamentó la filtración de datos sensibles, pero reconoció que realizar reportes ante operaciones que se encuentran bajo la sospecha de ser ilícitas es una obligación de las instituciones financieras, por lo que omitirlos conlleva a consecuencias peores.
“Ahora mismo, la falta es de regulación estadounidense y no de sus bancos, porque el hecho de que hayan reportes significa que las entidades financieras estuvieron haciendo su trabajo de reportar. Esto debe servir como un llamado de atención del riesgo que conlleva para las instituciones estatales el manejo de datos sensibles para establecer mejores políticas de seguridad de la información, sobre todo ahora que ocurrirán muchos cambios con el personal que traerá un nuevo gobierno”, afirmó Mella Cohn.
