El Gobierno español ha aprobado este martes un techo de gasto no financiero del Estado récord de €196,097 millones para 2021, que incluye la primera anualidad de los fondos europeos por €27,436 millones, con los que se prevé impulsar el crecimiento económico hasta el 9.8%.
El Ejecutivo ha empeorado la contracción económica prevista para 2020 hasta el 11.2%, pero ha mejorado el crecimiento esperado para 2021 al 7.2% en un escenario inercial, con la expectativa de que llegue hasta el 9.8% en un escenario de ejecución plena de los fondos europeos.
La total ejecución de los fondos de la UE permitirán reducir la tasa de paro al 16.3% en 2021, aunque el buen resultado de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha llevado al Gobierno a revisar a la baja la previsión de paro del escenario inercial tanto para este año (17.1%) como para el próximo (16.9%).
En el escenario inercial se prevé que en 2021 se creen 400,000 empleos, aunque la ejecución de los fondos europeos podría elevar esa cifra hasta los 600,000.
Con estos recursos el Gobierno elaborará unos Presupuestos Generales del Estado expansivos “que permitirán proteger a las familias con un fortalecimiento del Estado de Bienestar y ayudar a las empresas reactivando la economía”, ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Del presupuesto ha dicho que se presentará a lo largo del mes de octubre y que incluirán ajustes fiscales que “no van a espantar a ninguna formación política”, de las que pretende recabar el mayor apoyo posible.
Déficit público
En 2020 el déficit publico registrará un nuevo récord en el 11.3% del PIB, un punto más de lo que el Gobierno preveía en abril, en tanto que en 2021 se corregirá al 7.7% del PIB gracias a la mejora de la economía.
Se trata en cualquier caso de tasas de referencia que no son de obligado cumplimiento, ya que este martes también se ha aprobado la anunciada suspensión de las reglas fiscales, que supone la derogación de la senda de déficit vigente y que tendrá que ser respaldada por el Congreso.
Formalmente, lo que se pedirá a la Cámara Baja es que “aprecie” si España se encuentra en una situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional contemplada en la Constitución Española y en la Ley de Estabilidad.
Montero, que no duda de que obtendrá el respaldo del Congreso, ha aclarado que este trámite no supone renunciar a la responsabilidad fiscal y que de hecho se volverá a una senda descendente del déficit público a partir de 2021 con una reducción de 3,6 puntos, nunca antes lograda en un solo ejercicio.
Ha subrayado que esa reducción no se hará ni con recortes ni generando más desigualdad “como Gobiernos anteriores que se aferraron a la austeridad”.
Deuda pública
La financiación del déficit elevará la deuda pública al cierre de este año al entorno del 118% del PIB, aunque la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha descartado que vayan a ser necesarias emisiones adicionales de deuda sobre las ya previstas para 2020.
De hecho, el Tesoro sopesa la posibilidad de reducirlas en función de la evolución del gasto, de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, de las subastas ya realizadas y de los fondos que aporte el programa europeo de apoyo al desempleo SURE.
Calviño ha avanzado también que España podría conseguir este año un ahorro en el coste de la deuda de entre €2,000 y €2,800 millones gracias, entre otros factores, al SURE.
