El Congreso Nacional aprobó una amnistía fiscal para hacer más funcional la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, una legislación que surgió para facilitar el cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La amnistía fiscal está contenida en la Ley 222-20 de Presupuesto Complementario del pasado mes de septiembre, y había sido tocada parcialmente en la Ley 68-20 que modificó el Presupuesto General de la Nación en junio de este año.
Entre sus principales propuestas está la de facilitar que las empresas, especialmente micro y pequeñas (Mipymes), que nunca han hecho declaraciones de impuestos, lo puedan hacer con solo pagar un equivalente al 3.5% del valor declarado. También facilita que empresas con declaraciones de impuestos en revisión o disputa con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puedan resolver su situación pagando solo el 70% de la deuda y liberándose de toda clase de recargos por mora, atrasos, multas y demás sanciones.
Esas facilidades están ya en vigencia y reglamentadas en la Norma 05-2020, publicada recientemente por la DGII.
Pero hay un elemento de esta amnistía fiscal que podría resultar en una oportunidad para que quienes hayan obtenido bienes y cualquier otro activo de procedencia dudosa o como resultado de actividades ilícitas, pueden transparentar y “limpiar” esos antecedentes declarándolos en el plazo establecido por la normativa vigente, es decir, hasta el 11 de enero de 2021, y pagando solamente un 2% de los bienes declarados.
El director de Impuestos Internos, Luis Valdez, declaró recientemente que las empresas o personas físicas que decidan transparentar sus patrimonios no declarados o revalorizarlos, podrán hacerlo sin que la DGII les cuestione sobre el origen del dinero o la procedencia de los bienes a declarar.
El único requisito es que presenten documentación de que compraron o adquirieron esos bienes antes de la entrada en vigencia de la Ley 46-20 el pasado mes de julio de este año.
Cuando se le preguntó si esa amnistía puede convertirse en una oportunidad para formalizar y “limpiar” bienes o patrimonios de procedencia ilícita como el lavado de activos, el funcionario respondió: “Yo no soy tribunal para juzgar si son ilícitos o no (los bienes), pero indudablemente es una apertura general para todos”.
Sin embargo, el titular de la DGII aclaró que esta apertura no es exclusiva de República Dominicana, sino de algo promovido en todo el mundo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hacer posible la aplicación de las nuevas leyes contra el lavado de activos.
¿Borrón y cuenta nueva?
Las actividades de lavado de activos tienen una notable ponderación en el producto interno bruto (PIB) mundial. El 2015, elDinero publicó un reportaje en el que la firma consultora internacional Lexis Nexis Risk Solutions estimaba que en América Latina el lavado de activos representaba alrededor del 7% de su PIB. En tanto que para el año 2019 la Organización de Naciones Unidas (ONU) estimaba el lavado de activos entre un 2% y un 5% del PIB mundial, es decir, entre US$1.6 billones y US$4 billones.
Ya sea 2%, 5%, 7% o cualquier porcentaje en ese rango, si lo traemos a República Dominicana, con un PIB de US$84,000 millones, se llegaría a la conclusión de que el lavado de activos aquí mueve entre US$1,680 millones y US$5,800 millones anual.
El peso del dinero proveniente de actividades ilícitas sobre la economía mundial es lo que motivó a organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la OCDE a promover legislaciones para fortalecer la lucha contra el lavado de activos.
El problema es que la aplicación de esas legislaciones (Ley 155-17 en el caso de RD) se hacía difícil sin un mecanismo legal para que los tenedores de bienes y activos no declarados y subvaluados los declarasen ante la administración tributaria.
Para resolver ese impasse, los organismos internacionales promovieron la aprobación de leyes de transparencia y revalorización patrimonial (Ley 46-20 en el caso de RD).
De ahí también surgió otra limitante, ya que esa legislación no eximía a los nuevos declarantes de posibles penalidades, lo cual les desmotivaba a transparentar sus activos de procedencia dudosa. La solución “de consenso” fue modificar la Ley 46-20 para introducirle una amnistía fiscal del tipo “borrón y cuenta nueva”.
¿Qué gana el fisco?
La DGII estima que esa amnistía podría aumentar las recaudaciones entre RD$10,000 millones y RD$15,000 millones.
Pero además, una vez declarados y revalorizados esos bienes, sin mirar hacia atrás, sus dueños tienen que seguir pagando los impuestos al patrimonio en los años por venir y eso también se traduce en más ingresos para el Estado.
El contribuyente, a su vez, gana la oportunidad de legalizar la propiedad de sus bienes y regularizar su patrimonio.
