[dropcap]H[/dropcap]ace muchos años que el Comité Nacional de Salarios (CNS) no tomaba una decisión dividida para disponer un ajuste del salario mínimo de los trabajadores del sector privado.
Por lo general, luego de arduos procesos de discusiones, se buscaba hasta la mediación de Agripino Núñez Collado, en procura de llegar a un acuerdo consensuado, y así se hacía.
Dos semanas atrás, en esta misma columna, hacíamos referencia a que el CNS tiene tres patas (empresarios, sindicalistas y gobierno). También decíamos que en ese Comité, distinto al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), no hay poder de veto, por lo que se podría imponer una decisión con el voto favorable de dos de las tres partes.
La referencia era en el sentido de que el Gobierno podría imponer su voto para forzar a los empresarios a aceptar una propuesta de aumento razonable (entre 15% y 20% era nuestra propuesta). Pues la sugerencia de La Escuela Económica se hizo realidad, aunque a la inversa, pues la intervención del voto gubernamental en el CNS fue en alianza con el sector empresarial para forzar a los sindicalistas a aceptar un aumento salarial que en esta ocasión fue de 14%. No es lo ideal, pero sí lo razonable. Cerca del límite mínimo que habíamos propuesto.
Aunque la intervención del Gobierno fue a la inversa, es decir, unió su voto al de los empresarios y no a los sindicalistas, hizo posible una salida a este impasse que apuntaba a alargase en perjuicio de los trabajadores que esperan con ansias este incremento salarial, que aunque bajo, por lo menos representa un alivio, además de que está acorde con los niveles inflacionarios y de productividad laboral de los últimos dos años, según las estadísticas.
Ahora la dirigencia sindical, al notar que los empresarios y el Gobierno se unieron para imponer un aumento de 14% a los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, han decidido retirarse del proceso de diálogo para la modificación del Código de Trabajo que también se discute en forma tripartita (empresarios, sindicatos y Gobierno), mediante comisiones designadas por el presidente Danilo Medina mediante decreto.
Los sindicalistas deben tener cuidado, pues entre el Gobierno y los empresarios se pudiera producir lo mismo que en el CNS e imponer mediante votación las posiciones que consideren necesarias para modificar el Código de Trabajo sin la participación de los representantes de la clase laboral.
Sin embargo, el Gobierno también debe tener cuidado porque en medio de las tantas limitaciones que afectan a la mal pagada clase trabajadora dominicana, cualquier imposición en la modificación del Código para restar derechos adquiridos podría provocar reacciones que atenten contra la paz laboral que nos ha caracterizado durante las últimas dos décadas, algo que no conviene ni al Estado y mucho menos al sector privado.
Lo ideal es que las conversaciones para modificar el Código de Trabajo sigan desarrollándose de forma armoniosa y que no se mezclen las discusiones de ajustes salariales con los aspectos legales que han de ser propuestos para modificar en esa pieza legislativa.
No hacen bien los sindicalistas con retirarse de la mesa del diálogo; y no harían bien los empresarios y el Gobierno si intentan imponer con voto y no con el consenso las propuestas de modificación al Código de Trabajo.
Antes de terminar, me permito reiterar mi humilde consejo al presidente Danilo Medina para que no permita que durante su gestión de gobierno se incluyan cambios a ese Código de Trabajo que impliquen despojar a los trabajadores de derechos adquiridos. En todo caso, las modificaciones deben ser para mejorar el mercado laboral, no para afectarlo.
