Desde el 1997 cuando se estableció la famosa financiación pública a los partidos políticos, no hay nada que justifique que esa disposición legal es beneficiosa para República Dominicana. Peor aún, su objetivo inicial buscaba evitar que los partidos recibieran fondos del sector privado o de dudosa procedencia, sin embargo, se ha visto como los partidos reciben dinero de todo el mundo, a parte de los fondos púbicos que costeamos los contribuyentes a través de los impuestos.
Es una práctica que hay que acabar porque dichos fondos a parte de que no cumplen su función inicial, tampoco han sido manejados con transparencia por dichos partidos, incluso ni siquiera entregan la información ni los reportes sobre el uso que han dado a los fondos públicos. En momentos en que el Estado tiene que buscar prestamos para financiar su presupuesto y debe aumentar las recaudaciones impositivas que provienen de los ciudadanos y del aparato productivo, seguir financiando a los partidos es casi una burla que constituye una promoción del parasitismo político, así como contribuir a costear una burocracia política que lo que menos hace es favorecer a los mejores intereses de la sociedad dominicana.
Mucho menos se justifica en los escenarios de crisis que vivimos que un país tenga que disponer recursos para financiar partidos políticos, cuando ni siquiera puede cubrir con suficientes fondos el programa de inmunización nacional, que por ejemplo el país necesita aumentar para enfrentar epidemias y lograr la vacunación de los ciudadanos que lo requieran. Hay muchas otras partidas que se quedan cortas de financiamiento que si son productivas y necesarias para como mejorar la cobertura médica, incrementar el nivel primario de atención de salud o destinar más fondos para la salud preventiva que tanta falta hace en nuestro país. Y que no decir de otros muchos ejemplos que podemos señalar aquí, como programas e iniciativas que, si requieren que se incluyan fondos para mejorar la calidad de vida de la gente, como por ejemplo el fomento de la micro y pequeña empresa, o la educación vial o el problema de la recogida de la basura.
En la propuesta presupuestaria de la Junta Central Electoral, aparece en Administración de Contribuciones Especiales para el presupuesto 2021 un monto de RD$1,260,400,000 millones que, aunque expresamente no lo dice, parece estar destinado a la financiación de los partidos políticos en un año no electoral. Imagínese todo lo que se puede hacer con estos fondos en beneficio del ciudadano dominicano.
Con la ley 275-97 del año 1997 se estableció por primera vez el financiamiento público directo a los partidos políticos en República Dominicana, cuyo criterio inicial de asignación era elevadamente proporcional a la fuerza electoral. Posteriormente en el 2005, se modificó con la Ley 289-05, estableciendo un criterio de asignación más igualitario, pero dejaron fuera de la mayor parte de los recursos a los partidos que no obtienen al menos 5% de los votos válidos. Esa legislación ha demostrado que no ha tenido los efectos deseados y mucho menos que no se justifica que la sociedad dominicana tenga que seguir pagando dinero de sus escasos recursos para costear una estructura partidaria que deja mucho que desear.
Es muy penoso ver como dirigentes políticos de los diferentes partidos defiendan una cosa tan poco productiva para el país. Si los partidos no tienen la capacidad de convencer a sus militantes y a sus simpatizantes de que aporten para contribuir con su operación o su funcionalidad entonces no tiene sentido que se llamen ser representantes de la sociedad. Con que calidad moral exigen los dirigentes y líderes políticos que sea el estado que costee con fondos aportados por la contribución de los ciudadanos. Todos debemos colocarnos a una sola voz para exigir que termine esta funesta practica que en nada beneficia a la sociedad dominicana.
