Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) comprenden el 99.5% de las empresas, el 60% de la población empleada y aproximadamente el 25% del producto interno bruto (PIB) en América Latina y el Caribe (ALC)” (BID, 2020). Pero esta importancia relativa de este tipo de unidades productivas en la región, no fue suficiente para impedir que sea uno de los sectores de la economía más golpeados por la crisis económica generada por la pandemia del covid-19. Esta situación, como se puede evidenciar, ha empeorado la capacidad de acceso al crédito de las unidades de menor tamaño relativo que son las Mipymes.
Frente a esto, organismos internacionales y gobiernos, en respuesta a la pandemia, y como forma de reactivar la economía regional, realizan ingentes esfuerzos por crear instrumentos financieros y mecanismos de acceso al crédito para un sector que, además de aportar significativamente al PIB y al empleo, constituye una variable fundamental para garantizar la estabilidad social. Sin embargo, existen problemas estructurales de las Mipymes que, en su generalidad, la limitan para ser sujetos de crédito. En efecto, muchos de estos negocios carecen de las garantías necesarias para ser bancarizadas y optar por un préstamo del sistema financiero formal; otras no generan el volumen necesario de negocios para obtener créditos que la hagan expandirse, y un elevado porcentaje aún se encuentra en el sector informal.
Lo anterior ha permitido que se abra una brecha entre la cantidad de recursos disponibles para prestar, es decir la oferta, y el monto que se expresa como demanda de las Mipymes. En efecto, según la encuesta MSME Finance Gap (CFI, 2019), “la demanda total de financiamiento de las Mipymes alcanza los US$2,150 millones, mientras que la oferta total de fondos de las instituciones financieras es de aproximadamente US$347,000 millones, de acuerdo con datos para 2017. Por lo tanto, existe una brecha grande entre la demanda y la oferta de fondos”.
En República Dominicana, la situación de las Mipymes y el problema de su financiamiento no es diferente a lo que ocurre en el resto de los países de América Latina. Por ejemplo, se estima que en el país existen más de 1.5 millones de Mipymes, representando estas alrededor del 98.0% del tejido empresarial, con aportes al PIB de más de un 38%, creando por esa vía la mayor cantidad de empleos. Pero esos datos tampoco fueron suficientes para impedir que un porcentaje importante de este tipo de negocios cerrara sus puertas, total o de manera definitiva, durante la Pandemia. En este punto, se requiere que el país genere los instrumentos y mecanismos necesarios para crear una corriente positiva de fondos para apoyar la reactivación de este importante sector de la economía, en respuesta a la crisis económica.
Sin embargo, existe la percepción generalizada entre los propietarios de las Mipymes, de que los recursos puestos a disposición de los intermediarios financieros del país por parte del Banco Central, como medida de política monetaria para incentivar a ese importante sector de la economía en medio de la crisis, nunca llegan a sus destinatarios originales, por lo que comúnmente se duda de la eficacia de esas medidas y de su real impacto en el sector productivo. Pero hay que creer en las nuevas autoridades gubernamentales, y darles un voto de confianza de que, ya sea a través de PROMIPYME/Banca Solidaria, o mediante el Banco de Reservas de la República Dominicana, las Mipymes puedan acceder, realmente, a recursos frescos, a tasas de interés asequibles, y con menos requisitos que los que exige el sistema financiero formal.
