Jamás he estado a favor de la aplicación de programas de subsidios sociales en manera masiva. Es un tema delicado, lo sé, pero los resultados establecen que nadie sale de la pobreza con dádivas del Estado. Creo que sólo alimentan la pobreza y, por vía de consecuencia, mantienen a la población “enchivada” en un estado de indefensión, es decir, sin la capacidad para ser ciudadanos independientes para tomar decisiones.
La pobreza es un fenómeno social que nació con la humanidad. La economía, como ciencia social que estudia la interacción de los individuos con su entorno, analizando la forma en que se distribuyen los recursos disponibles, trata de explicar por qué los recursos no siempre llegan de manera equitativa a todos los habitantes del planeta. Entonces vale preguntarse: ¿Tienen algún efecto positivo en la calidad de vida de la gente las ayudas sociales del Estado? ¿Conoce usted a alguien que haya salido de la pobreza a través de algún subsidio de comida? No creo que haya un caso.
Ahora bien, si un Estado decide entregar algún subsidio a la población más vulnerable, a esa que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse junto con el crecimiento económico que ha mostrado el país, entonces lo mejor es que se haga de manera respetuosa de la condición humana. La dignidad humana merece respeto.
¿Por qué digo esto? El Gobierno dominicano presentó lo que denominó como un “bono navideño”, cuyo importe es de RD$1,500 por persona, que sustituirá a las cajas de comida que se entregaban tradicionalmente a los ciudadanos de bajos ingresos. Ya se imaginarán lo que nos estamos evitando con esta nueva modalidad: filas kilométricas, golpes, atropellos, vejaciones, desconsideraciones, corrupción en las entregas y, en estas circunstancias, la posibilidad de contagiarse de covid-19 por la aglomeración que ello implica.
El bono navideño será entregado a un millón de personas, aproximadamente, a través de una tarjeta de pago que podrá ser usada para hacer compras en cerca de 7,000 establecimientos, entre almacenes, colmados y supermercados de todo el país. En términos comparativos, cuando lo analizamos frente al viejo método, parece ser más transparente e inclusivo por la cantidad de negocios que serán beneficiarios.
Lo que sabemos es que el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) entregará cerca de la mitad de los bonos a los ciudadanos de menos recursos, entre el 14 y 23 de diciembre. El resto de las tarjetas serán distribuidas por otras instituciones públicas, así como por iglesias católicas y evangélicas.
Según la disposición del Gobierno, no podrán recibir el bono los funcionarios públicos, con excepción de los policías y militares; ni tampoco los beneficiarios de los programas de asistencia Fase I, Fase II, Quédate en Casa o Pa Ti.
Hay dos aspectos más que debo mencionar. El primero es positivo, ya que estas tarjetas de alguna forma se convierten en una posibilidad de que miles de dominicanos puedan bancarizarse. La otra variable es negativa (o podría serlo) desde el punto de vista de la idoneidad de quienes distribuyan estas tarjetas o bonos navideños. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que habrá para saber a quiénes, en términos reales, llegarán esas tarjetas? ¿Podría esto convertirse en una fuente de corrupción? Señores, estamos hablando de RD$1,500 millones.
