Cuando se ejerce la administración pública desde cualquier función, por más trivial que parezca, se debe tener claro que el servicio está destinado a los ciudadanos, por eso se llaman servidores públicos. A medida que ha pasado el tiempo se ha desprestigiado la función pública de muchas maneras, pero principalmente por la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencia y el clientelismo político. Y es que el servidor público tiene un sagrado deber, primero con la Constitución de la República y luego con el conjunto de normas, leyes, reglamentos y códigos de ética y luego se debe a la sociedad porque administra la cosa pública.
Con sobrada razón el enojo, la ira y el clamor de la sociedad de que se castigue la corrupción pasada, presente y futura.
La reflexión viene a cuenta, a partir de los últimos acontecimientos vividos en el país donde se ha instrumentado un expediente por corrupción a funcionarios públicos y suplidores del Estado de la pasada administración. Y es que el ejercicio del poder público tiene que mirarse con el sagrado respecto a la sociedad que es la dueña de todos los recursos públicos.
Las administraciones de gobierno de los últimos 20 años han tenido sus luces y sombras, tal vez más luces que sombras, pero durante el ejercicio del poder se olvidan de que se gobierna para todos y de que la función pública es sagrada y que la impunidad no podía ser establecida como un modelo de Gobierno.
La administración del expresidente Danilo Medina Sánchez nunca castigó ni se ocupó de combatir la corrupción del gobierno que le antecedió ni la propia y fue más lejos al decir “no perdamos el tiempo en lanzar piedras hacia atrás”. La administración de Leonel Fernández que le antecedió hizo lo propio, estableció un modelo de gobierno, basado en la impunidad y el no castigo de la corrupción, incluso llegando a blindarse con la designación de jueces de las altas cortes leales a su causa, pero si nos vamos un poco más atrás, la gestión del expresidente Hipólito Mejía hizo prácticamente lo mismo, incluso llego a decir que los expresidentes no se tocaban.
En el ejercicio de la administración pública siempre se debe tener claro que no se debe favorecer ni amigos ni a familiares, sino el imperio de la ley y los requerimientos que establecen las normativas dominicanas en cuanto a prohibiciones y limitaciones. Todos los funcionarios actuales, no importa el nivel que tengan en el tren gubernamental deben tener muy claro que dicha vara los medirá a ellos también, que también les caerá el peso de la sociedad si cometen los mismos errores. Ya hay una sociedad dominicana que cambió radicalmente, que reclama justicia, que lucha y protesta contra la corrupción, que le apesta la impunidad y que defiende los fondos públicos que son aportados por los propios ciudadanos con los impuestos.
La corrupción le cuesta demasiado dinero al país en términos de procesos costosos y sobrevalorados, así como un Estado que tiene que pagar precios super elevados para bienes y servicios. Y qué no decir de las fortunas que se han erigido en torno a la corrupción administrativa.
