Los empresarios panameños criticaron duramente la estrategia del Gobierno contra la pandemia, que ha causado, según ellos, una grave crisis económica, mediante medidas abusivas e ineficaces, contrarias a los principios básicos de la libertad económica.
“Panamá y su gente no aguantan un cierre más, cada día cerrado aumenta el deterioro de la economía del país y se disminuye la capacidad de poder alimentar a nuestras familias”, resalta en un comunicado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Los empresarios denunciaron el excesivo intervencionismo del Estado en el libre mercado, acentuado el último año por la pandemia del covid-19 y la declaración del Estado de Emergencia, que otorga al Ejecutivo un mayor poder en la toma de decisiones.
La economía panameña lleva años en “caída libre”, y se ve reflejada en clasificaciones internacionales como “Doing Business” elaborada por el Banco Mundial, pues el país alcanzó el “puesto 86 en la última medición, cuando en el 2014 se ubicaba en el peldaño 55”, en un índice que mide “las regulaciones para hacer negocios en 190 economías”.
“De igual forma, desde el año 2014, el país ha experimentado un desplome en la medición del ranking de competitividad que presenta anualmente el Foro Económico Mundial. Luego de haber ocupado la posición 40, seis años después nos encontramos 26 puestos por debajo en el número 66 de 141 países analizados”, resaltan desde la CCIAP.
Todo ello es el espejo de cómo en Panamá “el libre mercado es cada vez menos libre, asediado y amenazado desde distintos Órganos del Estado con mayor intervencionismo y funcionarios públicos que se extralimitan más allá de sus funciones. Hecho que se ha profundizado durante este tiempo de pandemia”.
La crisis económica que atraviesa el país, que se espera una caída del PIB de hasta un 9%, es la consecuencia “del cierre obligado de las empresas y el establecimiento de medidas restrictivas de libertad con graves consecuencias que surgen cuando en el Estado no se tiene pesos ni contrapesos ni mucho menos armónica colaboración para gestionar de manera ordenada la cosa pública”.
Panamá ha intentado reactivar su economía hasta en tres ocasiones, la primera vez en junio del 2020, y la última, este pasado mes de enero, pero con el desborde de los indicadores pandémicos las autoridades reimplantan severas medidas de movilidad y cuarentenas, cerrando, lo que ellos denominan, comercio “no esencial”.
“Es inaceptable la clasificación de actividades esenciales y no esenciales porque en la empresa privada todo colaborador es esencial. Para el trabajador que con su esfuerzo diario alimenta a su familia su trabajo es esencial”, denuncian.
También, señalan el “silencio” de la Corte Suprema de Justicia para “resolver los amparos de garantías presentados con respecto a los derechos ciudadanos y el Estado de Emergencia le han dado un golpe certero al Estado de Derecho y ha dejado en indefensión a todo un país”.
Mientras que, “esperamos de la Asamblea Nacional propuestas ampliamente consultadas, que estén alejadas de contenidos populistas, centrándose en el desarrollo nacional y no en intereses electoreros”.
Así, tras casi un año de pandemia, según ellos, se entienden las medidas básicas de bioseguridad, por lo que “resulta una total desconsideración que desde el confort y privilegio que representa el estar usufructuando de la planilla estatal, se le impida a miembros del sector privado llevar el sustento a sus familias y pagarle el salario a sus colaboradores”.
Por todo ello, consideran “imperativo y urgente” una reducción del gasto público acorde a los ingresos, haciendo énfasis en una “disminución de la jornada laboral para los funcionarios que no están en la primera línea de defensa contra el Covid-19”.
Esto “generaría ahorros para otorgar un apoyo a los miles de empleados suspendidos y empresas afectadas por el cierre de actividades ordenado por las autoridades”.
“Tenemos el derecho de movilizarnos para poder ir a nuestros trabajos y abrir nuestras empresas con el deber de seguir las medidas de bioseguridad. Exigimos del Estado respeto a los derechos fundamentales para una convivencia en sociedad”, concluyen.
