El mercado debe autorregularse. Esta es una oración o construcción gramatical básica, pero con un significado amplísimo cuando se enfoca desde el punto de vista de la economía. No tengo que entrar en detalles de lo que planteaba la Escuela Austríaca de Economía, cuyas recomendaciones de política económica suelen ser anti intervencionistas y promueven el liberalismo económico. Ya sabemos, porque está demostrado, que el socialismo es inviable y distorsiona el mercado.
Hay que tener cuidado con “vigilar” los precios o acuerdos con sectores que, a propósito de la pandemia, tienen una realidad que les obligó a “presionar” a las autoridades porque sus costos de producción han aumentado de manera estrepitosa. Este es el caso de los industriales de la harina, que “generaron” un ruido al anunciar un aumento en el precio del pan, especialmente el que llega a los más pobres, convirtiendo su demanda justa en un “tema político y social”, cuando en realidad es sólo referente a la transferencia de costos que debe suceder en una economía producto de la reacción del mercado ante el aumento de la demanda de materia prima y problemas logísticos.
¿Puede o debe intervenir el Estado? Creo que puede. Sin embargo, su intervención no debe ser para distorsionar la relación natural del mercado. La oferta y la demanda debe ser la regla, sin que ello no signifique que debe olvidarse de los más necesitados. Estoy seguro de que existen mecanismos más idóneos para garantizar acceso a la alimentación de la población de escasos recursos económicos.
El pan popular, como se le llama al que cuesta RD$5.00, está casi descontinuado. Para nadie es un secreto que una parte importante de la población no compra uno o dos panes, sino que lo hace por funda o paquetes. Para aquellos que no pueden comprarlo, pero que muchas veces sí pueden comprar 10 y 15 cervezas en el colmadón, el Gobierno puede utilizar los canales disponibles a través del anquilosado Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), pues por lo menos debería servir para situaciones puntuales.
Cuando se habla de la industria de la harina no sólo debe hacerse referencia al pan popular, pues son cientos los subproductos de alto consumo y que no necesariamente afectan a los más pobres. ¿Sabe usted cuántos tipos de pan y bizcochos hay disponibles en el mercado que los pobres no consumen? Señores, los supermercados, diseminados por casi todo el país y por lo menos en las poblaciones más importantes, tienen sus propias panaderías y, en este caso, me surge la siguiente pregunta: ¿Quién fiscaliza un acuerdo con estas empresas el tamaño o precio del pan?
Así que me preocupa sobremanera que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) haya anunciado que “se mantendrá vigilante” para que se cumpla el acuerdo entre el Ministro de Industria y Comercio y Mipymes (MICM) y la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina (UMPHI), para que se cumplan las medidas acordadas sobre el precio del pan a venderse a RD5. 00 la unidad.
Reconozco el esfuerzo de las autoridades y sé que el pan, como la carne de pollo, huevos y ahorros, es un producto con un componente político subterráneo que afecta la imagen de cualquier gobierno. A mi humilde mondo de ver, además de la intervención puntual del Inespre, este tema debe trabajarse desde el punto de vista comunicacional. Debemos ir madurando como sociedad de consumo. Los ciudadanos correctamente informados asimilan este tipo de reacciones del mercado ante una coyuntura especial. El problema ha sido, cuando miramos atrás, que todo lo queremos resolver con decisiones políticas, aunque sean meramente económicas.
