Desde el lanzamiento del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS, marzo de 2007), considerado entonces un documento modelo en la región, han transcurrido casi catorce años. El balance de su gestión se puede resumir en las siguientes actividades: recuento de avances por capítulos en el primer cuatrienio, creación del Observatorio de Competitividad de la República Dominicana y celebración del Primer Foro Nacional para la Competitividad y el Desarrollo Productivo (28 y 29 de abril de 2009).
Ya con el SNIDT formalmente en funcionamiento (a partir del 3 de abril de 2007), el documento pasó a engrosar las estanterías de innumerables y valiosos planes e informes que pretendían una mejor suerte para la República Dominicana en materia de competitividad y modernización productiva.
Hoy volvemos a los inicios con el Decreto número 640 del 11 de abril del año 2020 que instruye al Consejo Nacional de Competitividad (CNC) a formular la Estrategia Nacional de Competitividad. Siguiendo la mejor tradición de levantar sobre los cimientos de los buenos antecedentes una “nueva iniciativa de política”, en el decreto no encontramos una sola mención del referido plan, como si tal esfuerzo no hubiera hecho nunca.
Pero bien, es del todo plausible que el presidente Abinader y su equipo técnico prioricen de nuevo el asunto y esperamos que esta estrategia implique en definitiva serios y duraderos compromisos de los grupos de interés relevantes (Estado (guía, orientador, facilitador, emprendedor), Sector Empresarial (ejecutor creativo) y sectores de apoyo (academia, laboratorios de pruebas y ensayos, instituciones sin fines de lucro, entre otros).
Como escribía el prominente economista John M. Keynes “lo importante para el gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto”.
El Estado que necesitamos es el que hace lo que no se hace en absoluto, con determinación y autoridad; el que promueve una adaptación al cambio a gran escala mediante el señalamiento de la ruta a seguir (estrategia), superando antes sus propias flaquezas estructurales; el que asume un rol efectivamente desafiante y emprendedor “invirtiendo en áreas en las que el sector privado no invertiría, aunque tuviera los recursos” (M. Mazzucato, 2014); el que da continuidad a las políticas válidas de sus predecesores sin reclamar autoría ni protagonismo.
El Estado diseña y pone los ladrillos y otros materiales, y el sector privado, por lo menos el más propenso al riesgo y a la innovación, cumple su función de albañil para construir la casa de la competitividad nacional. De la mano con él, el gobierno debe identificar las acciones clave, las medidas de política complementarias y los cambios pertinentes para alcanzar las mismas metas de la segunda mitad del siglo pasado.
En este sentido, el CNC no mitiga o anula las debilidades ni supera los escollos del sector productivo nacional, como se dice en el decreto. Simplemente indica el camino a seguir delineado a partir de un fuerte y visible espíritu constructivo y real consenso multisectorial; aporta soluciones a los problemas en el camino; enriquece con la realidad los instrumentos de política que resulten necesarios; introduce correctivos a la planificación y monitorea y evalúa resultados e impactos para rendir cuentas a la nación.
En nombre del Estado, tiene las riendas para seguir fielmente por las sendas de la estrategia y despliega los esfuerzos que sean necesarios para alcanzar los resultados e impactos, siendo su obligación rendir cuentas sobre los avances y las dificultades. ¿Será la Estrategia Nacional de Competitividad la última apuesta del país al tránsito a la economía del conocimiento?
