La calificación de riesgo de República Dominicana fue actualizada por la firma Fitch Ratings. Aunque la dejó en la misma categoría, la ‘BB-‘, hay un cambio en cuanto a las perspectivas de la deuda dominicana, que se constituye en una de las principales preocupaciones para los calificadores. Aún no hay una revisión actualizada de las demás calificadoras.
Desde 2016, cuando hubo una mejoría real, al pasar de ‘B+’ a ‘BB-‘, no se había obtenido un cambio significativo en ninguna de las calificaciones. El caso es que ahora las perspectivas no son halagüeñas, ya que producto de la pandemia y las debilitadas cuentas fiscales, el país está en una especie de estado de incertidumbre en cuanto a su capacidad de respuesta para salir, en lo inmediato, con buenos resultados.
El panorama económico, sin embargo, tiene mejores colores desde las perspectivas de las autoridades del Banco Central, que han visto cómo se ha venido disminuyendo la ponderación de decrecimiento en los últimos meses, terminando en -0.1% en diciembre. Lo que se espera, a partir de ahora, es que los números comiencen a caminar por terreno positivo.
Ahora bien, la deuda sí que es ciertamente un gran reto para las finanzas públicas. Y que conste: no es un problema sólo que encara República Dominicana, ya que la deuda como proporción del PIB ronda, en promedio, el 100% en todo el mundo. El impacto, en el caso dominicano, se nota más porque en poco tiempo, a propósito de la necesidad de recursos frescos, fue necesario tomar prestados alrededor de US$8,000 millones a través de la emisión de bonos. Sin incluir los US$2,500 millones emitidos en enero de este año, el endeudamiento en bonos creció en un 34.2% cuando se compara el cierre de 2019, pues en este período pasó de US$16,511.1 millones a US$22,164.9 millones.
Hay razones de más para preocuparse si se toma en cuenta que el Gobierno está apostando a una recuperación económica sustentada, en parte, en la inversión pública, lo que demandará de más recursos. A esto hay que sumarle la reforma tributaria pendiente, que en todo caso se implementaría a partir de 2022. Las autoridades, hay que reconocerlo, han dado muestras de estar conscientes de que la situación fiscal heredada es delicada, la cual se agravó con la demanda de recursos para sustentar los programas sociales y de subsidios creados para enfrentar la caída del empleo.
El Banco Central ha manejado correctamente el contexto macroeconómico y confía en que en la medida que la economía recupere los niveles de actividad previo a la crisis, se reactiven los sectores generadores de divisas contribuyendo a la estabilidad cambiaria, mientras el gobierno comience a generar superávits primarios para que la relación deuda/PIB se reduzca gradualmente. De hecho, es lo que esperamos todos los dominicanos.
