La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile aprobó la idea de legislar que los ciudadanos puedan acceder a un tercer retiro anticipado del 10% sus fondos de pensiones para enfrentar los estragos económicos de la pandemia.
El proyecto visado aún tiene que ser analizado en su detalle en la próxima sesión de la Comisión, con fecha a confirmar, antes de eventualmente ser visto en el pleno de la Cámara de Diputados y pasar luego al Senado.
La aprobación contó con tres votos en contra y 10 a favor, entre ellos tres diputados del bloque que sostiene al Gobierno, contrario al proyecto y que hizo reserva de constitucionalidad por considerar que lesiona gravemente el sistema previsional sin ofrecer ninguna solución a ese daño.
La contrapropuesta del Ejecutivo es acelerar un acuerdo parlamentario para reformar el criticado sistema de pensiones y aprobar más ayudas sociales, para las que se anunciaron US$6,000 millones, que se suman a los US$12,000 millones comprometidos desde el inicio de la pandemia.
Los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que su decisión responde a las necesidades económicas que viven muchas familias producto de la crisis sanitaria y criticaron que no todos los recursos del Gobierno estén llegando a quienes lo necesitan y que, a un a un año de la pandemia, no se haya acogido la idea de generar una renta básica universal.
Asimismo, hicieron un llamado a apoyar a las cerca de tres millones de personas a quienes no les quedan fondos para retirar desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas centrales en el sistema de capitalización individual en el que se basa el modelo previsional chileno, ya que se encargan de gestionar el aporte del 10% mensual del sueldo bruto que cada trabajador aporta para su jubilación.
Aun con el Gobierno en contra, el Parlamento aprobó en julio de 2020 de forma inédita un primer retiro de un 10% de los fondos previsionales, del que se beneficiaron un 94.4% de los 11 millones de afiliados al sistema.
El pasado 3 de diciembre se aprobó un segundo retiro del 10%, esta vez promovido por el propio Ejecutivo, pero que gravaba con impuestos la retirada de fondos a partir de 1.5 millones de pesos (cerca de US$2,000).
