Muchas regiones de República Dominicana cuentan con depósitos e indicios de oro, plata, cobre, zinc, hierro, níquel y bauxita. Al mismo tiempo, las reservas nacionales de rocas y minerales industriales, rocas ornamentales, resina orgánica y gemas semipreciosas son significativas.
Con una compleja agenda económica y social pendiente, la nación requiere determinación política pro minera que se distinga por la estabilidad y la confianza legítima, una visión nacional del desarrollo minero, un marco legal renovado y robusto, y un cuerpo de reguladores actualizados y competentes, siempre aprendiendo de los mejores ejemplos de minería responsable.
Nadie debe temer a la minería cuando se tiene un Estado que cumple a cabalidad su rol, exhibe una política minera nacional de largo plazo, atiende oportunamente los requerimientos infraestructurales de los nuevos proyectos y muestra capacidad, honestidad y compromiso intergeneracional. En este caso, los fundamentalistas anti mineros, que hablan de desarrollo, pero “sin tocar la Madre Naturaleza”, no tendrían ninguna misión que cumplir.
Los desafíos que plantea el aprovechamiento de unos recursos finitos como los minerales en un pequeño espacio insular, no es posible enfrentarlos con éxito en una sociedad donde pequeños grupos deciden la suerte de multimillonarias inversiones, incluso luego de obtenidas las autorizaciones pertinentes.
En efecto, en esas condiciones los destinos de importantes emprendimientos mineros suelen decidirse de una manera simple y al mismo tiempo peligrosa: con protestas de grupos minoritarios que levantan sus pancartas en las inmediaciones de las instituciones gubernamentales vinculadas con el tema de la minería.
Cierto pasado de la minería obnubila las mentes de los representantes de estos grupos. Para ellos su defensa del medio ambiente tiene sentido cuando se trata de minería, pasando por alto los graves daños a nuestras cuencas hidrográficas y ecosistemas generados permanentemente por otros múltiples factores.
No significa que no estemos obligados a extraer las lecciones de la minería salvaje de hace unas décadas. Pero la lectura crítica del pasado no debería implicar la resistencia al aprovechamiento de los minerales bajo el marco de la minería responsable y sostenible (en términos de lo que hagamos con la renta minera), el cual se implementa en muchas naciones en el contexto de introducción de nuevas tecnologías que están revolucionando la industria.
Quienes se oponen radicalmente a la actividad minería deberían incluir en sus agendas una visita a las grandes empresas que operan en territorio dominicano para valorar en su justa medida el control de sus operaciones y la realidad de sus buenas prácticas. Deben saber que la gran minería de nuestros días no lidia con depósitos minerales de alta ley (alto contenido metálico por tonelada de mineral), como ocurría hace unos años, sino de baja ley, lo cual significa que las empresas hoy no compiten en el plano de “quien saque, procese y venda más”, sino por eficiencia de costos.
Esta realidad incrementa la demanda de equipos y la optimización de las operaciones, introduce sofisticados sistemas de control e impacta la caracterización del mineral, lo cual minimiza enormemente el consumo de reactivos y floculantes para optimizar la recuperación metalúrgica.
En resumen, para lograr una minería de clase global debemos dejar de seguir escrutándola a través del prisma del pasado. No continuar exhibiendo un amor por el ambiente que solo mira para un lado sin ver los grandes progresos en la gestión ambiental de las minas. No cerrar los ojos ante el hecho tozudo de que el mundo moderno, con sus sofisticadas tecnologías, es impensable sin minería.
Obviamente, el desarrollo minero requiere de voluntad política trascendente. Una que se trace seriamente como objetivo no negociable alcanzar la viabilidad económica progresiva utilizando los recursos disponibles, renovables y no renovables, con responsabilidad y pensando en las futuras generaciones.
