Un informe del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2004 define el “estado de derecho” como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.
El estado de derecho está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
En la Reunión de Alto Nivel sobre Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional del 24 de septiembre de 2012 se emitió una declaración donde se reconoce que “el estado de derecho se aplica a todos los Estados por igual y a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y sus órganos principales, y que el respeto y la promoción del estado de derecho y la justicia deben guiar todas sus actividades y conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones”.
Esta introducción conceptual de la visión de la ONU sobre el estado de derecho es para aterrizar en situaciones que se dan en República Dominicana donde es frecuente ver o escuchar a “hacedores de opinión pública” denunciar o pretender denunciar situaciones que no se corresponden con la verdad y luego alegar que el Gobierno hace caso omiso a lo denunciado.
Pasa con empresas extranjeras establecidas en el país, que vienen amparadas en las condiciones legales establecidas por el Estado dominicano y con base en ese marco legal traen sus inversiones y desarrollan sus operaciones.
Luego, el Estado, de manera unilateral, no puede romper esos compromisos amparados en la normativa vigente, porque estaría violentando el “estado de derecho” al que se ha comprometido ante la ONU y sería pasible de una demanda internacional que puede resultar muy costosa en términos económicos y de imagen pública internacional.
Cuando una institución del Estado concede a una empresa un permiso, autorización o cualquier otra licencia para operar, siempre bajo el compromiso de cumplir con las normas establecidas, luego no puede dejar sin efecto esa concesión por hacer caso a voces mediáticas que presentan denuncias sin fundamento.
Un ejemplo particular es el relacionado con la operación de la planta eléctrica de Seaboard en la margen occidental del río Ozama. Resulta que esa unidad Estrella del Mar II, de 108 megavatios, tiene una concesión del Estado para operar hasta el 2030 y su licencia medioambiental está vigente hasta el 2025.
Si el Estado, de manera unilateral, decidiera cancelar la concesión o la licencia ambiental de esa empresa, sin pruebas que justifiquen una violación de los compromisos asumidos, entonces tendría que dar a esa empresa indemnizaciones millonarias como compensación, porque así lo establece el acuerdo contractual entre las partes.
De lo contrario, la empresa puede presentar una demanda internacional que llevaría al país a un arbitraje costoso y largo, sobre el cual se puede producir una sentencia desfavorable para el Estado.
Esos riesgos que pesan sobre una eventual violación del estado de derecho son los que deben analizar y consultar los funcionarios públicos antes de tomar decisiones o de hacer anuncios públicos pretendiendo “sintonizar” con las tendencias mediáticas de “hacedores de opinión pública”, para así evitar riesgos de efectos negativos para el país.
Otro ejemplo de “opinión pública distorsionada” es el que pesa sobre la minera Barrick Pueblo Viejo, que se le acusa de no cumplir con el 5% de los impuestos para invertirlos en la provincia Sánchez Ramírez, donde opera. Pero resulta que esa partida es entregada por la minera al Poder Ejecutivo y es desde el Gobierno Central que debe disponerse su posterior distribución al municipio. O el mito sobre el supuesto exceso de consumo de agua del embalse de la presa de Hatillo, cuando la realidad es que esa minera le devuelve a ese afluente más agua de la que le extrae y luego de descontaminarla en su planta de tratamiento.
El Gobierno guarda silencio y no actúa en consecuencia, porque sabe que muchos denuncias son infundadas y no se puede arriesgar a violentar el estado de derecho.
