El uso de agrotóxicos amenaza la seguridad alimentaria y la riqueza del suelo, según un informe difundido este martes por la red internacional FIAN sobre las violaciones del derecho a la alimentación y a la nutrición en varios países de América Latina.
En un documento sobre ocho países de la región, la red muestra cómo “los agrotóxicos afectan a la salud humana, la naturaleza e impiden la plena realización del derecho a la alimentación”, afirmó la activista brasileña Valería Burity al presentar los resultados en un encuentro virtual.
Y explicó que “la idea de este documento surgió durante una reunión en Quito” de la ONG, que tiene representación en Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, México y Haití, todos ellos cubiertos en el informe.
La investigación “identifica un patrón en la estrategia corporativa en la región”, aseguró Burity, para quien “los Estados están violando los tratados de derechos humanos y sus obligaciones más básicas”.
Relación empresa-Estado
El también investigador brasileño Leonardo Melgarejo destacó que “en estos ocho países, hay una identificación de ofensas al derecho a la alimentación, que se refleja tanto en el “acceso” a alimentos como en su “procesamiento”, con una amalgama de incidencias a todos los niveles.
Y aseguró que se han mapeado fenómenos comunes en todos los países como un creciente avance en el uso de pesticidas por metro cuadrado cultivado.
En Brasil, ejemplificó, “de 2012 a 2015 la utilización (de agrotóxicos) pasó sólo en la soja de 12 a 17 kilos/litros por hectárea”.
En ese sentido, Juan Carlos Morales, representante de FIAN en Bogotá, se lamentó de la ausencia de información oficial en varios países para un estudio amplio en el uso de estos agentes, pero mencionó que han detectado que “hay una gran complicidad de los Estados en la expansión del uso de agrotóxicos”.
“Hay una sospechosa connivencia de los intereses corporativos y empresariales detrás de muchos de los cambios estructurales que ocurren dentro de los Estados”, aseguró.
El uso de agrotóxicos, coincidieron los investigadores, provoca por ejemplo la “expoliación”, “la destrucción de la vida”, “el desplazamiento de comunidades” con la consecuente pérdida de tierras.
“Hay unos daños amplios a la salud, a los cultivos, a los animales”, insistió el colombiano al hablar también de una reducción en la producción de alimentos no contaminados por parte de los campesinos.
Porque hay una estigmatización, criminalización y judicialización de quienes luchan contra estos agentes y contra la falta de regulación y de mecanismos de control a los accidentes en el sector agroindustrial, así como a los daños a la salud de los trabajadores que fabrican esos productos o que los usan en la agricultura.
Falta de regulación internacional
Los problemas que ocasionan estos agentes contaminantes a nivel sanitario, social y legal, se ven impulsados por los “graves vacíos” en la regulación internacional, consideró por su parte Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.
“Estamos viviendo una verdadera crisis climática, de pérdida de biodiversidad, y también una crisis tóxica, que tampoco recibe suficiente atención”, dijo al referirse a la toxificación del planeta y el grave impacto en el goce efectivo de los derechos humanos.
Y recordó que las Naciones Unidas no generan regulaciones que controlan a las empresas, sino que han generado principios rectores para guiar la acción de respeto a los derechos humanos.
En ese sentido -consideró- el informe de FIAN hace un “muy buen análisis” sobre la nutrición adecuada y explica que no solamente hay un derecho a no pasar hambre, sino también a un sistema alimentario apropiado, relacionado con dimensiones de salud y biodiversidad, entre otros.
Un sistema en el que las empresas garanticen realmente la seguridad de los trabajadores con el uso de pesticidas, porque muchas veces “los equipos de protección no son accesibles o no son adecuados a las condiciones locales”, poniendo “el peso en el eslabón más débil de la cadena de producción” cuando es su obligación “eliminar las sustancias peligrosas”.
El glifosato como ejemplo
El relator también manifestó su preocupación por la intención del Gobierno colombiano de reanudar el programa de aspersión aérea con glifosato para hacer frente a cultivos ilícitos de coca, anunciado la semana pasada.
“Esta política no es solo ineficaz porque los cultivos se desplazan simplemente”, explicó el funcionario de la ONU, sino que además es “contraproducente porque genera violencia” y “pérdida de legitimidad del Estado”, dado que su “única presencia en circunstancias donde no hay servicios sociales, son las avionetas que esparcen venenos”.
Y advirtió del “riesgo de una grave crisis humanitaria” como consecuencia del “desplazamiento” que podría provocar la reanudación de aspersión aérea con glifosato en un contexto de crisis de salud pública por el covid”.
Como única señal positiva, Orellana recordó el compromiso de la Unión Europea de no exportar pesticidas de uso prohibido en Europa, y consideró que otros países tienen a su vez la “obligación” de prohibir la importación de cualquier “pesticida peligroso”.
