[dropcap]F[/dropcap]rente a las elecciones presidenciales del año 2016, una de las necesidades que han planteado los funcionarios en el área de economía, algunos de los cuales son del círculo más cercano al Presidente, ha sido el tema del “Pacto Fiscal”.
El objetivo de ese Pacto sería identificar y consensuar entre los sectores público y privado cambios en el marco impositivo dominicano, con la finalidad de captar mayores recursos para el Estado.
Los argumentos a favor del Pacto Fiscal -respecto a la ampliación de la base imponible y el aumento en las tasas de los impuestos- se centran en el hecho de que la presión fiscal en la República Dominicana ronda el 14% del producto interno bruto (PIB), un nivel que, ciertamente, es bajo con relación al promedio de Latinoamérica.
Otro argumento esgrimido es que las exigencias realizadas al Estado dominicano -por ejemplo, el 4% del PIB para educación, incrementos presupuestarios en materia de salud y seguridad ciudadana, entre otros- superan con creces las actuales posibilidades presupuestarias.
Ahora bien, no es menos cierto que el Estado dominicano también tiene un problema muy serio de transparencia. Nuestro país está situado en el lugar 115 de 175 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Respecto a la transparencia en el presupuesto, Transparencia Internacional ubica al país en un índice de 14 de 100, indicando que se publica “poca o ninguna información” sobre la ejecución presupuestaria.
Por igual, no se están aplicando a cabalidad las disposiciones de la Ley 567-07 de Tesorería Nacional ni la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
En particular, la primera dispone que se centralicen “todos los ingresos y pagos del Gobierno Central y de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras” en una cuenta única de la Tesorería Nacional. El uso de una cuenta única facilitaría la fiscalización de la ejecución presupuestaria del Estado.
En fin, no tiene sentido hablar de un “Pacto Fiscal” que tiene por finalidad aumentar los ingresos del Estado dominicano sin antes hablar de mejorar la transparencia en la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto (por ejemplo, una reducción de la abultada nómina pública).
Muchos dominicanos se oponen al pago de los impuestos que tenemos hoy debido a la percepción de poca transparencia y corrupción en la administración pública. Le toca al Gobierno la ardua tarea de cambiar esta percepción para que la sociedad dominicana acepte un Pacto Fiscal en el 2016; de lo contrario, no se pudiera hablar de “pacto”, sino de una decisión unilateral del gobierno de turno.
