La agencia calificadora de riesgos Moody’s redujo la nota de riesgo soberano de El Salvador como emisor de deuda a largo plazo a «Caa1» de un «B3» previo por el acceso limitado al mercado financiero ante el «exigente calendario de amortización» a partir de 2023.
La entidad también mantuvo la perspectiva en «negativa», tal como la colocó en febrero pasado a raíz de «riesgos crediticios» ligados a un ajuste fiscal, las «grandes necesidades» de financiación y las preocupaciones sobre la «sostenibilidad de la deuda».
La reducción de la calificación de riesgo para el país centroamericano se debe, según indicó la agencia en una comunicado, al «deterioro de la calidad de la formulación de políticas».
Lo anterior intensificado por «los riesgos de aplicación de los planes de ajuste fiscal de las autoridades» y «ha aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas de financiación».
La perspectiva negativa refleja, según la entidad, la opinión de que «la posición fiscal sigue siendo vulnerable y susceptible» ante perturbaciones que podrían poner «en peligro la capacidad de pago» frente al «exigente calendario de amortización de su deuda en el mercado exterior que comienza en enero de 2023».
Moody’s advirtió que la «limitada disponibilidad de alternativas de financiación» y «la incertidumbre» de obtener nueva financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren que el país «seguirá enfrentándose a presiones de liquidez en los próximos años».
De acuerdo con cifras preliminares del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador del primer semestre de 2021, la deuda pública del país llegó a US$23,255.62 millones.
La deuda pública de 2020 es superior en US$1,997.25 millones, lo que representa un incremento del 9,4 % respecto a los US$21,258.37 registrados en el mismo lapso de 2020.
Desde el 1 de mayo pasado, cuando asumió la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, el país ha adquirido cientos de millones de dólares en nueva deuda.
