[dropcap]U[/dropcap]n 40.36 por ciento de los hogares dominicanos carece de contador eléctrico, mientras que el monto promedio de la factura eléctrica mensual que pagan los hogares oscila entre 1,144.7 y 467.1 pesos, dependiendo de la región de desarrollo donde estén ubicados.
Las principales fuentes de energía alternativa utilizada por los hogares es la de un 41.63 por ciento que utiliza velas; un 20.42 tiene inversores de baterías cargadas con energía proveniente de la red eléctrica interconectada y el 10.81 por ciento usa lámparas de combustible líquido.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio “Impacto de la crisis del sector eléctrico en la economía dominicana”, una investigación que analiza las consecuencias económicas de las carencias del servicio energético en los hogares y empresas dominicanas, presentado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio, que revela informaciones inéditas en el país, servirá como insumo en la etapa actual de discusión del Pacto Eléctrico.
El estudio también revela que la opinión sobre el trabajo realizado por personas e instituciones para resolver el problema eléctrico es catalogada como “regular o mala”.
En cuanto al monto pagado por los hogares, los de la región Ozama pagan en promedio un monto mensual de 1,144.7 pesos, seguidos por los de Yuma con 1,109.5 pesos y los hogares de Enriquillo pagan, en promedio, menor factura de energía que las demás regiones evaluadas 467.1 pesos.
En relación a los hogares que carecen de contador, en la región Yuma es donde existe el mayor porcentaje de hogares con contador de electricidad (88.93 por ciento) seguido por Cibao Norte (72.10 por ciento).
En la región Ozama, la más grande del país, el 55.81 por ciento de los hogares tiene contador.
El estudio también revela que los hogares han tenido que lidiar con la falta de suministro eléctrico poniendo en práctica soluciones individuales que afectan el ingreso de las familias y promueven el uso ineficaz de la energía.
A su vez, apunta a que en la industria eléctrica en República Dominicana existen “serias distorsiones” en la estructura tarifaria expresada.
La falta de medidores, agrega, se ha convertido en una barrera a la entrada que impide a los hogares más pobres recibir las horas de energía indispensables para el acceso y la sostenibilidad de otros servicios básicos como: agua potable, salud, educación y telecomunicaciones, así como actividades recreativas.
El estudio, por otro lado, recomienda, establecer un programa intensivo de instalación de medidores eléctricos a los hogares en un plazo no mayor a dos años.
Esto permitirá incorporar los hábitos de consumo eléctrico de todos los hogares al diseño de políticas que promuevan una mayor eficiencia energética.
Sugiere, además, imponer el bonoluz como el único subsidio de la industria eléctrica dominicana y condicionarlo a la instalación de medidores eléctricos en los hogares beneficiarios.
Esto, señala, permitirá determinar el consumo y cantidad efectiva de energía eléctrica que se subsidia a cada hogar.
Por otro lado, cree conveniente eliminar la actual gestión de demanda de las distribuidoras con circuitos privilegiados en función de la capacidad de pago de los hogares.
Así, permitirá conocer mejor la disposición a pagar de los hogares, evitando la discriminación que enfrentan las familias por residir en un territorio determinado.
La experiencia de la región Yuma que utiliza el esquema del prepago podría servir de base para lograr esta medida.
Concluye también que la mejor forma de promover un uso eficiente de la energía eléctrica es por vía de una tarifa técnica transparente para todos los hogares.
Esto permitiría a los hogares ajustar el consumo eléctrico en periodos de alta demanda para mantener controlada la factura.
La sociedad dominicana está acostumbrada a lidiar con variaciones semanales en el precio de los combustibles y ajusta el consumo a la misma, “entendemos que con la tarifa técnica pasaría lo mismo”, señala el estudio, que desincentiva el uso de inversores en los hogares.
El estudio también recomienda no introducir figuras impositivas en la industria en el corto plazo: “sería contraproducente imponer el uso de medidores y tarifa técnica”.
A su vez, cree conveniente promover el cambio en el stock de electrodomésticos a equipos más eficientes y como parte del pacto eléctrico se debe exonerar del pago de impuestos, por tiempo limitado, la adquisición de nuevos aparatos para el hogar.
Mejorar la gestión de las distribuidoras respecto de la facturación también es necesario, así como cambiar la percepción de los hogares respecto de la crisis del sector eléctrico.
“El pacto eléctrico debe servir para dejar atrás años de críticas y desconfianza mutua entre los actores. El pacto eléctrico podría verse favorecido por la actual coyuntura de caída de los precios internacionales de los derivados del petróleo”, concluye.
