El vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig, descartó que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana rechace el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “El Tratado de Escazú”, para su entrada en vigor en el país.
Durante una conferencia en la Universidad Federico Henríquez & Carvajal (UFHEC), Puig señaló que dicho tratado es cónsono con la Constitución y que “viene a concretizar el mandato constitucional de proteger el medio ambiente y los recursos naturales”.
El líder político recordó que el Tratado de Escazú fue firmado por 24 países en el año 2018 y ya ha sido ratificado por 12 naciones de América Latina y el Caribe, por lo que ya entró en vigor y sólo falta que el TC finalice el proceso de control preventivo de constitucionalidad y lo remita al Congreso para su ratificación.
El Tratado de Escazú nació como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en el año 2012 en Brasil, y la Decisión de Santiago (Chile) adoptada en 2014 por los 24 países que el 4 de marzo de 2018 firmaron el acuerdo en la ciudad costarricense de Escazú.
El objetivo principal de este tratado es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.
Max Puig, que además es sociólogo y catedrático, realizó la ponencia Ordenamiento Territorial y Cambio Climático en República Dominicana, en el marco de la Conferencia Constitución y Medio Ambiente, organizada por la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) y auspiciado por Tribunal Constitucional y el enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana.
También participaron como ponentes el presidente de la FEJUS, Reverendo Fidel Lorenzo; el ambientalista y miembro de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez; el procurador de Medio Ambiente, magistrado Francisco Contreras; así como la magistrada Yissel Acevedo.
