Los precios de los combustibles en República Dominicana están gravados con tres tipos de impuestos distintos: un ad valorem con un porcentaje fijo sobre su costo de importación (Ley-557-5), un específico que se agrega al precio final (Ley 112-00) y una partida adicional de RD$2.00 por cada galón de gasolina y gasoil premium y regular que se comercializa (Ley 253-12).
Los impuestos a los combustibles representan alrededor de un 10% de los ingresos totales del Gobierno, con un monto global que alcanzó RD$62,570.9 millones en 2019, bajó a RD$49,397.4 millones el pasado año, por los efectos de la pandemia, pero para este 2021 lleva una proyección que le haría superar los RD$70,000 millones.
En el caso del impuesto de los RD$2.00 sobre cada galón de gasolina y gasoil, lo que se recaude por ese concepto es para un uso específico establecido en la Ley 253-12, que es la reforma fiscal que se aplicó desde el 2013, donde se indica que el 25% de esos recursos sería para la renovación del parque vehicular del transporte público y el 75% para proyectos de construcción vial.
Sin embargo, desde que fue establecido ha faltado transparencia del Gobierno, no solo en cuanto al uso de los recursos, sino también en lo referente a la publicación de la cantidad específica de dinero recaudado por ese concepto.
Mediante un levantamiento estadístico en las publicaciones de la direcciones generales de Impuestos Internos (DGII), Aduanas (DGA) y Presupuesto (Digepres), elDinero determinó año por año el monto exacto recaudada por ese concepto.
Desde 2013 al 2020 las recaudaciones por concepto del impuesto de los RD$2.00 al galón de gasolina y gasoil suman RD$10,907.3 millones, para un promedio anual de RD$1,363.4 millones.
En los primeros seis meses de este año se habían acumulado RD$761.9 millones por ese concepto, lo que indica que, de mantenerse los precios internacionales actuales, podría superar los RD$1,500 millones.
No es tanto, pero es mucho
El monto recaudado por el impuesto de RD$2.00 no es tanto como dicen los transportistas, entre los que se alega que el Gobierno habría recaudado al menos RD$20,000 millones y que de esos les corresponden no menos de RD$5,000 millones.
La realidad es que hasta junio de este año, ese gravamen ha generado RD$11,669.2 millones (RD$10,907.3 millones entre 2013 y 2020 más RD$761.9 millones en enero-junio de este año), lo cual no es tanto como creen los transportistas, pero sí es mucho o suficiente para satisfacer sus necesidades.
Lo que establece la ley
La Ley 253-12, en su Artículo 20 establece lo siguiente:
“Con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, se establece un impuesto adicional de RD$2.00 por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y premium, previsto en la Ley número 112-00, sobre Hidrocarburos.
PÁRRAFO I. Este impuesto será recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) (actualmente se recauda por Aduanas).
PÁRRAFO II. La recaudación estimada por este concepto será asignada en el Presupuesto General del Estado. El Ministerio de la Presidencia coordinará la utilización de dicho fondo e identificará los programas y proyectos a ser financiados.
PÁRRAFO III. El 25% de estos ingresos deberá ser utilizado exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, cuyo diseño deberá ser coordinado con los representantes del sector transporte. El 75% restante será utilizado para el desarrollo vial.
PÁRRAFO IV. La administración y uso de estos recursos está sometida al sistema de control interno y externo previsto por las leyes dominicanas, así como al régimen de contrataciones públicas”.
Lo anterior indica que en el período 2013-2020, de los RD$10,907.3 millones recaudados, el 75% (RD$8,180.4 millones) debieron invertirse en infraestructura vial y el 25% (RD$2,726.8 millones) se tenía que invertir para renovar los vehículos del transporte público.
Aunque corresponde por ley al Ministerio de la Presidencia la coordinación del uso de esos fondos, esa institución nunca ha ofrecido un informe detallado sobre la forma en que se habrían utilizado.
Transportistas esperan Gobierno cumpla la ley
“Ese dinero es nuestro”. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) se quejó de que el gobierno del presidente Danilo Medina, en sus dos períodos, no cumplió con ese mandato legal, mientras que el presidente Luis Abinader ha dado muestras de darle cumplimiento.
Dijo que tanto para el nuevo corredor de transporte público de la avenida Núñez de Cáceres, como el que se iniciará en la avenida Winston Churchill, se contempla el uso de esos recursos como mecanismo de subsidio que garantice su rentabilidad y operatividad.
Marte, quien además es senador por la provincia Santiago Rodríguez, dijo que es un error criticar al Gobierno por destinar recursos públicos para subsidiar al sector transporte, debido a que “ese dinero es nuestro”.
El dirigente de Conatra sustenta su expresión en el hecho de que el Artículo 20 de la Ley 253-12 es claro cuando dice, de manera específica, que una cuarta parte de ese gravamen que pagan los consumidores de combustible es para renovar el parque de vehículos del transporte público.
“Fíjate que con ese dinero se puede garantizar la operatividad de los transportistas en sentido general, de carros, de guaguas, motoconcho y camioneros, porque así lo dice la ley, aunque no se cumple desde el año 2013”, agregó.
