Ecuador avanza hacia la transición ecológica como primer país en Latinoamérica en impulsar la generación de instrumentos públicos para el desarrollo sostenible, la conservación del patrimonio natural y el acceso al agua, bajo una estrategia que permita asimismo el desarrollo económico y social.
Su modelo buscará orientarse a una economía baja en emisiones de carbono, que aspire a la coexistencia entre el ser humano y la vida silvestre, y que tenga en cuenta la degradación climática como generador de riesgos.
“Somos fieles creyentes de la economía de la conservación”, dijo a Efe la viceministra de Medioambiente, Bianca Dager, sobre el empeño del Gobierno en construir un “país verde” pero también “productivo”, y en reactivar la economía “a través de una convivencia armónica y en equilibrio con la naturaleza”.
“Un pacto de vida”, lo ha denominado el ministro de esa cartera, Gustavo Manrique.
Acciones concretas
Y en ese rumbo, los primeros cien días de Gobierno del nuevo mandatario, Guillermo Lasso, parecen marcar la primera evidencia sobre la generación de modelos inclusivos de crecimiento verde, basados en conocimiento, bioeconomía, economía circular y energías renovables.
Ejemplos son la creación de dos nuevas áreas protegidas -Mazán, de unas 2,000 hectáreas, y Taita Imbabura, con más de 3,500- destinadas a conservar la biodiversidad, que el nuevo Gobierno quiere potenciar también como motor de desarrollo turístico.
Igualmente, la exclusiva reserva Ecológica Antisana, refugio de cóndores, ha sido elevada a la categoría de “Parque Nacional”, para una mayor protección, y se han declarado tres Áreas de Protección Hídrica (APH) que beneficiarán a 47,000 personas.
Lasso ha asegurado que apuntará a una “economía sustentable que respete el medioambiente”, pero también, sin “renunciar” a nuevas inversiones con el objetivo de crear empleo.
“No tenemos que estar en los extremos de un extractivismo salvaje, ni tampoco con un conservacionismo que nos limite el desarrollo. Hay que buscar un equilibrio, con nuevas tecnologías que permitan actividades mineras y petroleras sustentables”, dijo en una entrevista con el diario local El Comercio.
Ello frente a denuncias de grupos indígenas y ecologistas que advierten de los peligros de incrementar la producción petrolera: un 8% hasta fin de año y el doble -a un millón de barriles diarios- hasta el final de la legislatura.
También están nuevos proyectos mineros que saldrán a concurso en los próximos meses.
Ecología como modelo económico y social
“El Gobierno solo entiende por transición ecológica el cambiarle el nombre al Ministerio. En sus políticas no tiene nada de ‘transición’. En la política de hidrocarburos está queriendo duplicar la extracción petrolera”, denunció a Efe Alexandra Almeida, coordinadora de la ONG Acción Ecológica.
Y cuestionó que “mientras en el mundo se está hablando de la necesidad de hacer una transición energética por el cambio climático, que está a punto de hacer colapsar el planeta, en nuestro país, todo lo contrario, se está incentivando el extractivismo”.
Para la principal organización indígena Conaie, lo que se debe hacer es “privilegiar la economía que sabemos hacer los ecuatorianos: agricultura, ganadería y turismo”.
Pero Dager ve un concepto mucho más amplio de inclusión ecológica, una transición que “no es el fin” sino “un camino”, y que involucra energía, emisiones, agua, biodiversidad y materiales, aspectos todos ellos contemplados en la “Ley de Economía Circular Inclusiva”, publicada en el Registro Oficial el pasado 6 de julio, luego de haber sido de objeto de reajustes por el nuevo Presidente.
Hablar de transición ecológica -añadió- es hablar de un “modelo económico basado en soluciones de naturaleza, en darle la vuelta a los modelos de producción”, de forma que incluya un enfoque amplio y realmente factible para el medioambiente y para la sociedad.
“Suena utópico, es un gran desafío que no se logra a corto plazo y que involucra a todos”, reconoció la viceministra al identificar entre sus retos la necesidad de reforzar normativas, fortalecer el trabajo en territorio, gestionar la financiación local e internacional, y la cooperación público-privada.
En busca de un equilibrio
Ecuador también se ha fijado disminuir el 22.5% en sus emisiones hasta 2025, y los planes del actual Gobierno marcan el camino para ser carbono neutro hasta 2050.
El Programa “Ecuador Carbono Cero”, de carácter voluntario y presentado en mayo por el anterior presidente Lenín Moreno, promueve medidas y acciones en el sector servicios y productivo para la neutralización de emisiones de gases de efecto invernadero en sus diferentes fases de producción.
En el nuevo plan de transición, la cooperación internacional será crucial, según la viceministra: “Tenemos algunas alianzas pero estamos conscientes de que la necesidad de financiamiento es aún mayor”.
Los esfuerzos ambientales de Ecuador cuentan ahora, entre otros, con el apoyo del Fondo Mundial del Clima, el Fondo Verde Climático, Conservación Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y varios gobiernos de la Unión Europea, si bien el país andino busca un “compromiso” mayor para trabajar juntos en “planes, programas y financiación”, por ejemplo, en la lucha contra la basura marina.
