Durante el fin de semana recién pasado, se filtró un documento contentivo de lo que parecería ser una propuesta de reforma fiscal por parte del gobierno. Aun cuando las actuales autoridades gubernamentales desmintieron que el documento filtrado sea de su autoría, existen amplias sospechas de que el mismo tuvo su origen en los litorales del Ministerio de Hacienda.
Ahora bien, y hasta que se conozca el verdadero culpable, lo cierto es que la estructura de dicho documento, permite deducir que se ha tenido el tiempo suficiente para hilvanar una propuesta de reforma con bastantes justificativos, aunque también con algunas falencias y contradicciones que, de entrada, parecen una provocación.
La propuesta inicia planteando la situación relativa a la baja presión fiscal que tiene República Dominicana, en comparación con el resto de América Latina y el Caribe (ALC). En efecto, mientras en el país la suma de los impuestos directos e indirectos, en relación al producto bruto interno, es de un 14.2%, en ALC esta misma relación alcanza un 19.0%. En ese mismo sentido, se plantea que una baja presión fiscal conduce, irremediablemente, a un bajo nivel de gasto público, siendo el de República Dominicana uno de los más bajos de la región (13.9%), en tanto que el de ALC es de un 25.4%.
En paralelo, el documento propuesta que se ha filtrado enfatiza en que un bajo nivel de ingresos del gobierno ha conducido a déficits continuos, promediando anualmente un 3.3% del producto interno bruto (PIB) durante el período 2008-2019.
Consecuentemente, estos déficits han devenido en incrementos en la deuda, la cual llegó a un nivel de 56.6% del PIB al cierre del 2020. Deuda creciente ha provocado, además, que el peso de los intereses sobre los ingresos fiscales se haya triplicado en 13 años, llegando a un tope de 22.8%. Peor aún, si se calcula de manera consolidada, es decir, se suma lo que paga el sector público no financiero más lo del Banco Central, el porcentaje de los intereses sobre los impuestos sería de un 32.7%, valor que se duplicó en 12 años.
Esta situación, según la propuesta de marras, puede conducir a una potencial depreciación de la moneda dominicana, con posible deterioro de la actividad económica, con nuevos incrementos en los intereses de la deuda y una severa caída en las recaudaciones; todo esto si no se realiza una reforma fiscal, corriendo también el riesgo de que se pierda la estabilidad macroeconómica que hemos tenido como país durante los últimos años.
Otro argumento que va en la misma dirección es que “las autoridades anteriores decidieron endeudar el país en época de bonanza económica y ahora le toca al gobierno de turno hacer una reforma estructural en el peor momento”.
Como colofón, una justificación adicional que se esgrime es que, de no realizarse la reforma fiscal que permita una disminución del déficit, se tendría una reducción en las calificaciones que otorgan las calificadoras internacionales de riesgo, lo que haría más costoso obtener financiamiento internacional mediante la colocación de bonos en los mercados internacionales. Hasta ahí va bien el globo de ensayo.
