Independientemente de que el borrador de reforma fiscal que circula profusamente desde hace unos días sea la propuesta oficial o no, lo único cierto e irrefutable es que República Dominicana necesita mejorar su sistema tributario.
Todos los sectores, a través de sus representantes, coinciden en lo urgente de mejorar la capacidad recaudatoria del gobierno. Financiar el gasto público se ha hecho más difícil con los años y la pandemia del covid-19 vino a profundizar más la crisis.
La reforma fiscal, que no llegaría a la categoría de pacto, pues al parecer no se hará con el consenso de la mayoría, sí debe ser inteligente. ¿A qué nos referimos? Lo primero es que las nuevas reglas deben enfocarse hacia el combate de dos debilidades ampliamente debatidas en el país: la alta informalidad de la economía y la evasión. Ambas, cuando se analizan a profundidad, están relacionadas. Los informales son difíciles de fiscalizar y, por tal razón, tampoco se formalizan. Para ellos, formalizarse implica (y así lo interpretan) riesgos y costos administrativos.
El Estado está obligado a jugar con inteligencia. Aunque sí es necesario una reforma fiscal, lo importante es que no se convierta en esquema de terror para las mipymes y para las grandes empresas, pero tampoco para quienes operan bajo la sombra de la informalidad. Estos últimos harían todo lo posible para no ser alcanzados por el brazo fiscalizador del Estado y lo harían a toda costa.
La crisis del covid, entre otros aspectos, ha puesto al descubierto las debilidades estructurales que históricamente han sido señaladas en las economías de la región latinoamericana y República Dominicana, a pesar de sus altas tasas de crecimiento, no es ajena a esta realidad.
La reforma fiscal debe ser inteligente porque no puede poner en riesgo la competitividad de los sectores que han sacado la cara por la economía dominicana, pero tampoco afectar la limitada capacidad de los que están en camino a ser más preponderantes, especialmente si pueden generar divisas y empleos de calidad.
Cualquier cambio que se implemente en el esquema tributario debe apostar por la simplificación de los procesos y de las tasas, pues esto hará más fácil la gestión para las autoridades fiscales y las empresas. Complicar el esquema quizá abre más brechas y ventanas para la evasión. Sólo hay que fijarse en que la evasión del ITBIS se estima en un 43%. Es saludable apuntar, además, que las exenciones improductivas merecen una revisión.
Aunque es necesario poner fin al cortoplacismo en materia fiscal, también es urgente tomar medidas responsables para evitar que el país caiga en una situación inmanejable. Sin prisa, pero sin pausa.
