Sin dudas, la gestión pública en República Dominicana ha venido mejorando sustancialmente, y prueba esto se puede encontrar en la existencia de una Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que delinea la visión de largo plazo y los objetivos globales que están vinculados con las expectativas de desarrollo que se tiene para el país, así como en la coexistencia de un Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual contiene todos los elementos de la cadena de valor de este sector público, con una orientación clara alrededor del propósito último que es el bienestar de la población.
Por demás, el funcionamiento del sistema nacional de planificación e inversión pública, ofrece garantías de que, a pesar de que pueda originarse un cambio de gobierno, las prioridades están establecidas a partir de las necesidades identificadas, al tiempo que existen los presupuestos mínimos para atenderlas.
Adicionalmente, los avances que se verifican en la gestión de las finanzas públicas dominicanas, es otro indicador de que, poco a poco, se ha estructurado un modelo de gestión que, en cierta medida, puede llegar a imitar la gestión privada, e incluso, a superarla. De esa manera, nos estamos acercando a lo que Waissbluth, M., y Larrain F. (s/f)) plantean como un modelo de gestión pública ideal, en donde confluyan la propuesta de valor del gobierno, los objetivos públicos, la oferta de servicios, la estrategia de alianzas público-privadas, los procesos y funciones de apoyo y soporte, y la forma en que se medirán los resultados a partir de la implementación de los planes.
Otro indicador de avance en cuanto al modelo de gestión pública que se ha venido creando y fortaleciendo en el país, es la gestión presupuestaria, lo cual se inició con el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), en el año 2012, y luego con la implementación de otras importantes iniciativas vinculadas al proceso presupuestario, especialmente, a lo relacionado con el seguimiento a la ejecución del presupuesto.
La modernización de las oficinas recaudadoras del Estado, tales como la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, constituyen también elementos que se destacan en el proceso de mejora de la gestión pública dominicana.
En ese mismo orden, la tecnificación de determinados servicios estatales es una prueba fehaciente de que la administración pública dominicana no solo se moderniza, sino que innova y se actualiza, convirtiéndose, en algunos casos, en una mejor práctica que está siendo imitada por otros países de la región.
De todo, sin embargo, en donde parece consolidarse la gestión que se hace actualmente de la cosa pública, es en la visión gerencial que se evidencia en la actuación del principal empleado que tiene el Gobierno dominicano, el ciudadano presidente Luis Abinader.
En efecto, su afán por el control del gasto le imprime a este gobierno una visión de negocio casi con valor privado. El colofón, no obstante, lo pone la lucha clara y precisa en contra de la corrupción y la impunidad. Esto último se muestra con los hechos, así como con la independencia de una justicia que investiga y provee resultados. Si se sigue por esa senda, tendremos República Dominicana para rato.
