Ante los efectos de la pandemia, el año pasado el Consejo del Poder Judicial aprobó una serie de resoluciones que establecieron la modalidad “virtual” para audiencias, así como el uso de documentos digitales para una serie de trámites jurídicos. No obstante, hace poco el Tribunal Constitucional (TC) invalidó –en cuanto a la forma adoptada, no al fondo– estas resoluciones, por lo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) usó su prerrogativa de iniciativa legislativa para introducir ante la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley de “Usos de Medios Digitales en el Poder Judicial”.
En primer término, es importante anotar que el proyecto de ley va más allá de meramente establecer un marco legal para las denominadas audiencias virtuales; también consagra los lineamientos y requerimientos para el uso de documentos digitales en todas las instancias del proceso judicial. Lo segundo puede tener un mayor impacto positivo a largo plazo, a pesar de que ha tenido menor publicidad.
Respecto al tema de las audiencias virtuales, lo más importante es establecer que serán optativas o facultativas, salvo en circunstancias excepcionales. Este es el elemento que quizás ha causado mayor preocupación, que de algún modo se puede imponer la obligación del uso de esta modalidad sin que todas las partes del proceso así lo deseen, algo que entendemos no sería el caso, de aprobarse este proyecto.
En cuanto a los temas de los documentos digitales, este puede ser el aspecto más valioso e importante del proyecto de ley. Los documentos digitales vienen a sustituir el uso de documentos en papel en el tribunal, y las partes depositarían sus pruebas, escritos y otros mediante el uso de un buzón digital, a la vez que le facilitaría la revisión de dichos documentos al tribunal.
Además del uso de documentos digitales para los expedientes, se prevé el uso de firmas digitales y documentos digitales para emitir sentencias y certificaciones por los tribunales del país. De hecho, ya esto es una realidad, pues los tribunales han iniciado el uso de este tipo de documentación de manera masiva, algo que ha hecho mucho más expedita la revisión de los documentos que requieren la firma del juez, lo que también tiene la ventaja de ayudar a reducir la mora judicial.
El proyecto de ley prevé que el uso de documentos digitales debe ofrecer mayores garantías a las partes envueltas en el proceso, a través de la trazabilidad de los mismos, lo que aumentaría la confianza en el proceso. Por igual, el uso del buzón judicial facilitaría el depósito de documentos, eliminando la necesidad de trasladarse a lugares lejanos meramente para hacer un sencillo depósito, algo que será altamente beneficioso tanto para los profesionales del Derecho como para sus clientes.
Finalmente, las audiencias virtuales y documentos digitales tendrán un gran impacto positivo al agilizar los procesos judiciales y darle mayor eficiencia a la profesión jurídica. Estas ventajas son muy importantes para aumentar la confianza en el clima de negocios, pues la eficiencia del sistema judicial y su habilidad para dirimir conflictos de manera expedita son cruciales para el desarrollo del país.
