En República Dominicana, como en otros países en desarrollo, la necesidad de equilibrar el costo de los derechos con un presupuesto limitado es esencial para la planificación económica y social. Asegurar este equilibrio es vital para un desarrollo sostenible que también busque reducir la pobreza y la desigualdad.
Las inversiones en derechos fundamentales, como la educación, no sólo demuestran el compromiso del Gobierno con el bienestar ciudadano, sino que también fomentan el empleo y aumentan los ingresos tributarios. Sin embargo, decidir cuánto dinero asignar a cada derecho sin afectar la estabilidad fiscal del país representa un gran desafío para los formuladores de políticas. Estudiar cómo República Dominicana enfrenta estos dilemas ofrece una ventana hacia la comprensión de las dinámicas entre derechos, costos y desarrollo económico en contextos similares.
En la obra “El costo de los derechos” (2011), Stephen Holmes y Cass R. Sunstein argumentan que los derechos fundamentales requieren inversiones estatales significativas y que su efectividad está ligada al financiamiento gubernamental. El libro destaca la necesidad de reevaluar el financiamiento y la priorización de los derechos para asegurar la justicia social y el desarrollo sostenible, advirtiendo que, sin los recursos adecuados, los derechos se convierten en promesas sin cumplir sin beneficios reales para la sociedad. Los derechos y las libertades individuales dependen fundamentalmente de una acción estatal. Todos los derechos cuestan dinero y dependen de la acción de los gobiernos. Un Estado sin dinero no puede proteger los derechos.
Algunos expertos del Derecho y la Economía, como Ronald Dworkin y Amartya Sen, discuten la existencia de derechos positivos y negativos. Dworkin, en su libro “Tomar los Derechos en Serio” (1977), trata los derechos como garantías esenciales contra injusticias y enfatiza la igualdad, asociada con los derechos positivos. Sen, en “El Desarrollo como Libertad” (1999), sostiene que el avance social debe contemplar las libertades individuales, lo que se relaciona con los derechos negativos.
Ambos doctrinarios coinciden en que tanto los derechos positivos como los negativos son cruciales y necesitan protección legal cuando son infringidos, sugiriendo que la diferencia entre ellos no es tan significativa en la práctica. Así, sostienen que mantener los derechos implica altos costos, ya que requieren sistemas de supervisión efectivos financiados por los contribuyentes.
Sin impuestos no hay propiedad. Los derechos de propiedad son efectivos solo cuando el Estado los respalda con recursos, instituciones y personal adecuado, ya que, sin legislación ni juicios, estos derechos no podrían existir. Además, la tutela estatal no se limita a la propiedad privada; también abarca la regulación de los mercados, la represión del fraude, la protección de derechos de los accionistas y marcas, así como la regulación de bancos y mercados para prevenir fraudes y asegurar el crédito.
¿Por qué los derechos no pueden ser absolutos? Los derechos tienen un carácter relativo y su efectividad depende de la comprensión de sus costos, lo que requiere la inclusión de criterios económicos en su evaluación por parte de legisladores, jueces y doctrinarios del derecho. El costo de los derechos implica responsabilidades tanto para los titulares como para el Estado. Por consiguiente, es de suma importancia entender que los derechos no pueden protegerse en un contexto de insolvencia o incapacidad financiera del Gobierno.
Al analizar las asignaciones del presupuesto público de un país, es posible determinar cuáles derechos están siendo salvaguardados y determinar si estos reflejan intereses específicos o el beneficio común. En el caso específico de República Dominicana, la Ley 80-23, de Presupuesto General del Estado 2024, asignó al derecho a la educación RD$297,014.5 millones y a la protección social RD$155,715.9 millones. Del análisis de esas dos partidas presupuestarias podemos inferir sobre cuáles derechos tienen mayor prioridad de ser tutelados para el Estado dominicano.
Aunque es imperativo que el Estado garantice y proteja los derechos de educación, salud y seguridad, la realidad económica impone una pregunta crítica y provocadora: ¿De dónde provendrán los recursos necesarios para sostener estos derechos en el futuro? Esta pregunta no solo refleja una preocupación económica, sino que también plantea un dilema ético y político sobre la justicia intergeneracional y la equidad.
Al depender de la deuda pública y los impuestos para financiar estos derechos, el Estado podría estar comprometiendo la estabilidad económica de las futuras generaciones. Además, el enfoque actual puede generar dependencia de los ciclos económicos volátiles y de la asistencia externa, haciendo que los derechos fundamentales estén sujetos a las fluctuaciones del mercado y las presiones políticas internacionales.
Finalmente, los retos que hemos planteado nos desafían a repensar no sólo la naturaleza de los derechos, sino también los mecanismos de financiamiento, impulsando una revisión crítica de cómo los derechos se sustentan financieramente en el tiempo.
La promesa de los derechos sin una estrategia clara y sostenible para su financiamiento no sólo es una ilusión fiscal, sino también una irresponsabilidad política que podría desestabilizar el tejido social y económico del país. En última instancia, el compromiso con los derechos fundamentales debe ir de la mano con una gestión fiscal prudente y una estrategia económica que asegure su viabilidad a largo plazo.
