La Comisión de Veeduría del Ministerio de la Presidencia recomendó el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación entre el ministerio y sus empresas proveedoras de bienes y servicios, con el fin de subsanar inconvenientes generados en los procesos de licitación y pagos.
Los miembros de la comisión, conformada por destacados representantes de la sociedad, afirmaron que la Presidencia mostró diligencia en la entrega de las informaciones requeridas durante el proceso de supervisión, que se extendió por dos años y cinco meses.
Por lo cual criticaron otras entidades que han sido proco transparentes en el proceso de veeduría, como el Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie). No obstante, resaltaron la buena disposición de entregar la información pública de los Ministerios de Salud Pública y Educación.
“La experiencia particular de esta comisión, la primera de todas, nos lleva a concluir que esta es una valiosa oportunidad de participación y monitoreo ciudadano que debe ser aprovechada por la sociedad para incidir en la eficiencia y en la transparencia de las compras públicas”.
La comisión asegura que los esfuerzos por la transparencia de instituciones como el Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Contrataciones Públicas estimulan a que se establezca la costumbre de la rendición de cuentas en un área tan vulnerable para la malversación como las compras públicas.
La comisión está integrada por Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria (AIRD); Jesús Armenteros y Esteban Prieto, representantes de la iglesia católica; Raffy Paz, representante de la iglesia evangélica; Javier Cabreja, ciudadado; Carlos Fondeur, del Consejo Estratégico de Santiago; Servio Tulio Castaños y Carlos Villaverde, representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
