La vulnerable seguridad alimentaria de Puerto Rico, donde el 85% de lo que se consume es importado, inquieta cada día más debido a que el ya de por sí escaso terreno agrícola se usa con frecuencia para instalar paneles solares.
El equilibrio es complicado. Si la seguridad alimentaria es un problema en la isla, también lo es el deficiente suministro eléctrico, causa de hartazgo entre la población por los habituales apagones.
Los expertos del sector agrícola son por ello conscientes de la importancia de los paneles solares, pero urgen a que las compañías locales dedicadas a su instalación no los coloquen en terrenos fértiles.
“La pérdida de terreno agrícola aumenta nuestra inseguridad alimentaria. Vivimos tiempos urgentes”, dijo a Efe Manuel Reyes, vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
Para Reyes, la isla debe “aspirar a garantizar una seguridad alimentaria en el presente y el futuro desde la planificación integrada”.
Pérdida del 70% del terreno agrícola
El problema es que Puerto Rico enfrenta una pérdida histórica del 70% del suelo para uso agrícola desde 1966, lo que ha llevado a una importación masiva de alimentos para suministrar las necesidades de la población.
“Esto preocupa cada año más. No necesariamente por la importación, sino por la crisis climática y la inseguridad del entorno”, comentó a Efe la agricultora agroecológica boricua Marissa Reyes.
La extensión de Puerto Rico es de 2.1 millones de acres, de los cuales 474,332 o un 22% son clasificados como agrícolas, según datos del censo del Departamento de Agricultura federal de 2018.
Sin embargo, de acuerdo con los expertos del sector agrícola consultados por Efe, el Gobierno de Puerto Rico está obligado, por ley, a validar el Plan de Uso de Terrenos.
Dicho plan clasificó alrededor de 635,000 cuerdas de terrenos como “Suelo Rústico Especialmente Protegidos de Valor Agrícola”, convirtiendo estas áreas en exclusivas para cosechar.
Gran dependencia exterior desde hace 15 años
“Hemos estado perdiendo terreno agrícola desde el 60 de manera estrepitosa. Y hay que ponerle un paro a esto. Y esto se hace pese a leyes que lo prohíben”, sostuvo el experto Alfredo Vivoni.
Según Vivoni, ese 85% importado de lo que se consume en la isla “se ha mantenido estable” desde hace entre 15 y 20 años, lo que es “un indicio claro de la vulnerabilidad”.
Un ejemplo de esa vulnerabilidad se vivió en julio pasado, cuando un conflicto laboral dejó varados en el puerto de San Juan unos 5,000 contenedores, causando pánico ante la posibilidad de una crisis de escasez de productos en la isla.
Por ello, para Vivoni hay que buscar “otras opciones para el desarrollo de la energía renovable que no implican sacrificar terrenos de valor agrícola”.
El problema es que el Gobierno puertorriqueño no ha tomado grandes medidas ni para fomentar la producción agrícola ni para encontrar mejor ubicación a los paneles.
“El Gobierno tradicionalmente ha estado ausente en términos de proveer soluciones adecuadas, pues cuando se habla de producción local, también se depende de otros alimentos importados”, lamentó el vicepresidente de MIDA.
Proyectos solares en alza
Mientras continúan las dificultades para aumentar la producción agrícola local, se han podido documentar más de 60 proyectos sometidos para ser seleccionados por las agencias gubernamentales para instalar placas solares.
Igualmente, el Negociado de Energía de Puerto Rico ha autorizado 16 proyectos que, en conjunto, representan más de 14,000 cuerdas de valor agrícola y ecológico.
Algunos proyectos de placas solares pertenecen a la compañía Windmar Home, con veinte años de experiencia y cuyo director de ventas, José Alicea, defendió que los paneles son necesarios para que la isla se valga de energía solar.
Esa es la meta que el Gobierno local ha propuesto para el 2050, convertir a la isla hacia el 100% de energía renovable y ayudar al medioambiente.
“Las placas que tenemos son para energía que se vende a la red de la (estatal) Autoridad de Energía Eléctrica”, explicó a Efe Alicea, cuya empresa tiene proyectos en el municipio sureño de Ponce, en la isla de Vieques y en la norteña Canóvanas, entre otros.
Ese ente estatal es el encargado de la generación de energía, mientras que la distribución y transmisión depende de la empresa privada Luma Energy, que se encuentra en el ojo del huracán desde hace meses por la subida de las tarifas y la falta de solución a los apagones.
