He sido un defensor de la importancia estratégica que tiene para República Dominicana la central termoeléctrica de Punta Catalina. Un país en constante crecimiento, como el nuestro, necesita disponibilidad de energía para garantizar que la dinámica económica no se detenga.
Punta Catalina ha sido, con toda seguridad, no sólo el proyecto más ambicioso en que haya incurrido el Estado dominicano. Desde el punto de vista de la inversión, que en principio superaba los US$1,940 millones, hasta su magnitud si se toma en cuenta lo que aporta en términos de la capacidad instalada, significa la obra de infraestructura más importante en la historia del país. Con el pasar del tiempo, por todos los contratiempos que ha enfrentado, no se sabe a ciencia cierta cuánto costó esta central de generación eléctrica. Sólo una auditoría independiente podría arrojar luz en este sentido.
Con toda seguridad, también, ha sido el proyecto más controversial desde cualquier punto de análisis. Desde su adjudicación y luego su retraso en el cronograma por los escándalos de corrupción en que se vio envuelta la empresa Odebrecht, hasta las críticas de diversos sectores en nuestro país, principalmente por su impacto en el medio ambiente, han sido parte del proceso. Luego de “inaugurada” y “recibida” por el Estado dominicano también ha habido dificultades. Es un proyecto grande en todas sus expresiones.
La administración del presidente Luis Abinader, como parte de su filosofía e impronta de gobierno, ha impulsado una serie de alianzas público-privadas para garantizar el funcionamiento de diversos proyectos. El objetivo principal, según lo que se promueve, es la transparencia y eficiencia, a fin de ponerle fin a la vieja práctica de los procesos turbios.
Aunque el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, considera que la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del contrato para el fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina permitirá despolitizar este complejo energético, hay algunas cosas que deberían quedar mejor explicadas. Hay que evitar comentarios que arrojen dudas sobre un proceso que aparente ser saludable.
Creo, igual que Almonte, que el fideicomiso permitirá a Punta Catalina participar en el mercado eléctrico como un agente independiente, donde el Estado dominicano solo perciba los beneficios de la venta de electricidad de esas plantas. Sin embargo, sería bueno tener más detalles respecto al punto 22 de la Cláusula 11 (Roles y Responsabilidades del Comité Técnico), el cual está integrado exclusivamente por representantes del sector privado, siendo el único fideicomiso público con esas características.
¿Por qué se establece que el Comité Técnico está autorizado a aprobar la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina, en calidad de fideicomitentes adherentes, pasando a ser copropietario del fideicomiso? Estoy merece más información.
Además, se declara que el valor de Punta Catalina es de US$2,340 millones, a pesar de que durante mucho tiempo se había hablado de que el costo de esa central superaba los US$3,300 millones. Sé que las intenciones son las mejores, pero pienso en el “day after tomorrow”.
