El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles una actualización del presupuesto federal en 2022 que presentó el titular de Finanzas, Christian Lindner, y que contempla un nuevo endeudamiento cercano a los €200,000 millones.
Un total de €100,000 millones de esa cantidad deben destinarse a la creación de un fondo especial para realizar inversiones en defensa, tal como adelantó hace unos días el canciller, Olaf Scholz, y el resto para el presupuesto en general.
El Consejo de Ministros aprobó también el proyecto de reforma constitucional para hacer posible la creación de ese fondo, al que se refirió Scholz tras la invasión rusa de Ucrania en un giro histórico en la política de defensa de Alemania en las últimas décadas.
Para ello el Gobierno cuenta con el apoyo del principal grupo parlamentario de la oposición, formado por la Unión Cristianademócrata (CDU) y sus aliados bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU).
Además, también se aprobó el proyecto de ley para la creación de ese fondo donde se señala que este debe estar destinado a inversiones que fortalezcan la capacidad de defensa y para cumplir con los compromisos de Alemania con sus socios internacionales.
La guerra en Ucrania puede llevar a que aumente el nuevo endeudamiento y Lindner contempla presentar un presupuesto adicional antes de que el proyecto aprobado hoy sea sometido a votación en el Bundestag (cámara baja del Parlamento) en junio.
El presupuesto adicional debe estar destinado ante todo a paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania.
Para 2022 el Bundestag deberá mantener la suspensión por tercer año consecutivo del llamado “freno a la deuda” un principio que exige que en tiempos de normalidad económica el Gobierno tenga un presupuesto equilibrado y el déficit no supere el 0.3% del PIB.
El freno a la deuda deberá volver a entrar en vigor en 2023.
Por otra parte, como reacción al alza de los precios de la energía, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que contempla ayudas y alivios fiscales.
Así, por ejemplo, los ingresos anuales hasta €10,347 estarán libres de impuestos y quienes tengan que desplazarse para su trabajo 21 kilómetros o más podrán deducir de sus impuestos 38 céntimos por kilómetro recorrido cada año.
Se estima que estas medidas le costarán al fisco €4,500 millones.
