[dropcap]N[/dropcap]o sé cómo hay personas, muchas veces escudados en organizaciones a las que todo le “hiede” y nada le “huele”, que piden la paralización de la construcción de las plantas a carbón.
Independientemente de que estemos a favor o en contra de esta obra, debemos estar conscientes de lo que significa paralizar un proyecto que cuesta sobre los US$2,000 millones. No estamos hablando de una alcantarilla.
Es preciso reconocer la valentía de dos hombres: la del presidente Danilo Medina y la de Rubén Jiménez Bichara, de la CDEEE. Fue una decisión de Estado y así ha quedado demostrado.
A pesar de las dificultades que ha enfrentado con sectores a lo interno del país y con el desembolso de préstamos aprobados por entidades financieras internacionales, que cuentan con el aval del Estado, la construcción no se ha detenido, aunque recientemente se vio disminuido su ritmo por problemas de recursos y reclamo de los suplidores.
Las plantas a carbón, que según sus especificaciones técnicas cumplen con los estándares internacionales en manejo y protección del medio ambiente, no se pueden detener. Resulta una aberración hasta pensarlo y mucho menos hacer cadenas humanas para pedir que no se construyan.
¿Qué sucedería si el país desistiera de concluirlas? Varias cosas. La primera es el descrédito internacional, las multas o penalidades con las instituciones financieras y la posibilidad de que el Estado no posea un proyecto que le dará mayor capacidad de negociación con los generadores.
¿Qué deberían estar pidiendo los que solicitan la paralización de las obras de las plantas? A mi modo de ver las cosas, los más sensato sería que el dinero que se ahorrará el país por una disminución automática de la tarifa se emplee en mejorar el caos en la comercialización de la energía, eliminando las pérdidas técnicas y no técnicas, así como pedirle a los administradores de las EDE que su empleo dependerá de su rendimiento. Las plantas a carbón hay que terminarlas.
