Estados Unidos es (y ha sido) el principal socio comercial de República Dominicana. Esta relación, a través de los años, ha sido cuasi natural por los vínculos históricos y geopolíticos entre ambas naciones. Igual ha sucedido con la inversión, pues para nadie es un secreto que el capital estadounidense tiene una ponderación muy alta en sectores como zonas francas y turismo.
Desde Estados Unidos llega el 85% de las remesas familiares recibidas en el país, lo que, de alguna manera, constituye un eslabón de primer orden en el aporte que hace la diáspora a la economía dominicana. Sin estos recursos, hay que decirlo, sería difícil compensar en parte el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos.
Ahora bien, esta relación comercial ha ido demostrando, desde 2005, que hay serias dificultades del lado dominicano. Y no hay que ocultarlo: entre las razones que pudieran señalarse está la competitividad, principalmente por los costos operativos, aunque ciertamente haya habido avances en otros aspectos, como es el institucional por el lado de la formación de empresas y trámites aduanales, por decir algunos.
En los últimos 12 años ha sucedido todo lo contrario a lo que en cierto modo han buscado los sectores productivos locales. Cuando los industriales hicieron el Primer Congreso de la Industria, en 2007, la primera meta fue garantizar el aprovechamiento del tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
Lo único que se nota en los números es que la balanza comercial está cada vez más a favor de Estados Unidos. En 2021, por no ir tan atrás en el tiempo, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos sumaron US$6,331 millones y desde allá se importaron mercancías por US$10,673 millones, es decir, una diferencia negativa de US$4,342 millones. La proporción es de aproximadamente 63 a 37 a favor de esa nación. En lo que va de 2022 el comportamiento es similar.
Como país, exportamos US$2,184.5 millones e importamos US$4,047.5 millones, lo que significa casi el doble. Es de orden resaltar que hubo años en que la balanza comercial fue positiva para República Dominicana antes del DR-Cafta, por los tratos preferenciales a través de acuerdos, entre los que se destaca la Iniciativa de la Cuenta del Caribe (ICC), establecido por ley en Estados Unidos con vigencia desde el 1 de enero de 1984. Esta acción, debe admitirse, fue fundamental para la instalación de importantes empresas del sector zonas francas.
En definitiva, el problema está en la raíz y no en las ramas. Toca a las autoridades, actuales y por venir, asumir con responsabilidad el tema de la competitividad productiva.
