Defender la legalidad debe estar lejos de la hipocresía si realmente lo que se busca es el bienestar común. No podemos, por un lado, pregonar que somos empresarios respetuosos de las leyes y normas que nos rigen como sociedad y, por otro, nos ponemos a vender productos para el consumo humano que cuentan con los registros pertinentes para ser comercializados sin poner en riesgo la salud de los consumidores.
Es harto conocido las altas deficiencias que hay en materia burocrática en algunas de instituciones del Estado dominicano, especialmente en el Ministerio de Salud Pública; pero eso no puede ser óbice para que las cosas se hagan correctamente.
Respetar al consumidor es venderles productos que no sólo son de alta calidad, sino que han sido sometidos los procedimientos legales y pruebas de laboratorios que certifican que realmente son lo que dicen ser y tienen lo que dicen tener.
Es necesario mencionar que el principal responsable en todo esto es el Estado, pues a través de sus instituciones debería impedir que productos con “registro sanitario en proceso” sean puestos en los anaqueles de los supermercados sin que aparentemente a nadie le importe. Y la verdad hay que decirla: la mayoría de los consumidores dominicanos no lee estos datos, por lo que ignora si lo que está comprando sirve o no para lo que se ha propuesto obtenerlo.
Aquí entra el juego el Instituto Dominicana para la Calidad (Indocal), el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) y, por qué no decirlo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), ésta última por permitir que productos sin registros entren a competir con otros que sí han cumplido con el rigor de ley. Pudiera decirse, entonces, que hay responsabilidades compartidas en esta falencia.
De parte de los empresarios que colocan en sus anaqueles estos productos sólo podría decir dos cosas: ven una oportunidad de negocios, y hay razón, y la otra es que conocen muy bien la filosofía del consumidor dominicano (y tiene que ser así), ya que saben muy bien que no mucha gente lee los componentes de un producto, pero menos si cumple con el requisito de ley que manda a que todo producto para el consumo humano debe tener un registro sanitario, el cual ofrece un mínimo de garantía de que pasó los filtros correspondientes.
Aquí me surge una idea o sugerencia que pudiera ser tomada en cuenta, básicamente por Salud Público. Se trata de habilitar un portal o ventanilla en la página web de la institución a través del cual los consumidores puedan verificar si el registro sanitario que tiene un producto corresponde a ese producto o si está vencido. Esto ayudaría mucho a las autoridades relacionadas con estos temas a fiscalizar mejor lo que se vende y consume nuestra gente.
Si hay voluntad, y sabemos que los empresarios serían los primeros en apoyar esta propuesta, este portal sería de mucha utilidad. Su efecto positivo también estaría en que ellos mismos, los que cumplen, se cubrirían de otros que no lo hacen y se convierten en competencia desleal. Si se quiere, se puede.
