París, Francia.- El establecimiento de una cultura de la competencia clara y una legislación con músculos lo suficientemente fuertes, que den soportes en la lucha contra las prácticas anticompetitivas en el mercado, son tareas que aún están pendientes en República Dominicana.
“Establecer una cultura de competencia en República Dominicana es el corazón de nuestro plan de trabajo”, sostuvo la presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), Michelle Cohen, en su ponencia durante la conferencia internacional “Contribución de la Competencia Económica al Desarrollo de las Naciones”, celebrada la semana pasada en París, Francia.
Ella reconoce que la legislación dominicana adolece de fallas, pues la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia sólo tiene facultad para imponer una sanción moral a quienes se les demuestre alguna práctica anticompetitiva, el cese de la conducta y no más de 3,000 salarios mínimos como multa.
Para Frédéric Jenny, presidente del Comité de Derecho y Política de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no hay una solución fácil para superar la resistencia cultural a la competencia, aunque entiende que las actitudes evolucionan.
El alto funcionario del organismo multilateral lo tiene bien definido: La competencia no ocurre de manera espontánea, tiene que haber una autoridad con mecanismos que la pongan en práctica. Afirma que la transparencia de las agencias les permite protegerse del lobby de las empresas y gobiernos.
La OCDE trabaja en tres grandes temas en la región de América Latina, entendiendo las diferencias o características particulares que definen a los países.
Uno de los temas que ocupa la agenda de la OCDE es el de elevar la productividad de los países de la región, ya que sin eso será prácticamente imposible lograr mejores niveles de competitividad, por lo que se ha vuelto fundamental para las naciones latinoamericanas.
El otro aspecto en que está enfocada la organización es la mejoría urgente de la inclusión social, pues no es un secreto que América Latina es la región con los niveles más pronunciados en desigualdad. El fortalecimiento institucional y/o de gobernanza es otro de los puntos más importantes en que se concentra la OCDE en la región, haciendo énfasis en cómo fortalecer los órganos de competencia.
“Lo que se está viendo es que el tema de competencia puede llevar a una discusión seria sobre competencia en la región. Cualquier libro sobre competitividad habla de la importancia de implementar políticas claras de competencia”, destacó José Antonio Ardavín, consejero sénior de la Secretaría General de la OCDE.
Según apunta, está demostrado que las personas con menos recursos son las más afectadas por la falta de reglas claras de competencia, pues aquellos que no tienen un buen nivel económico no pueden acceder a otras opciones, lo que sí sucede en los grupos con un alto nivel adquisitivo.
“De lo que se trata es de tener instituciones de competencia que sean fuertes con capacidad de actuar y tomar medidas. Este programa de la OCDE se va a vincular con todos los comités”, dijo.
Legalidad
La presidente del Senado de la República, Cristina Lizardo, quien estuvo en representación de ese poder del Estado en compañía del senador José Rafael Vargas, consideró que la competencia económica requiere del apoyo del liderazgo político para avanzar en el camino del desarrollo.
Según la legisladora de la provincia Santo Domingo, los parlamentos deben velar por los principios que regulan la interacción económica, pues la competencia justa, leal y clara es parte importante de la democracia.
John Davies, jefe de la División de Competencia de la OCDE, explicó que la competencia mejora el desempeño del sector productivo y contribuye con la reducción de la pobreza. El alto funcionario del organismo entiende que se debe asumir un compromiso para garantizar el acceso a los mercados. “Al evaluar la labor de una agencia de competencia no solo hay que contar el número de casos resueltos, sino analizar cómo ha cambiado el mercado”, sostuvo Davies.
La jefa del Departamento de Relaciones Globales y de Competencia de la OCDE, Ania Thiemann, sostiene que todas las decisiones y recomendaciones que realiza esa organización están basadas en hechos, los cuales se han demostrado que sí funcionan.
“Queremos que nuestras recomendaciones estén basadas en hechos. Promover políticas de desarrollo y sostenibilidad que mejoren el bienestar de los ciudadanos es nuestro objetivo”, apuntó la funcionaria al dirigirse a la audiencia.
Operatividad de la OCDE
El presidente del Comité de Derecho y Política de Competencia de la OCDE, Frédéric Jenny, explicó que esta entidad no posee instrumentos duros para obligar a sus miembros a implementar medidas o soluciones ante determinados problemas, aunque entiende que es un organismo de cambio a nivel global que ha hecho importantes aportes al desarrollo.
Explica que en la entidad se utiliza el mecanismo de “revisión interpares” que sirve para intercambiar las experiencias de diversos países en una determinada coyuntura o situación especial, proponiendo alguna solución en una nación que esté confrontando igual experiencia.
De lo que se trata, según Jenny, no es de imponer una determinada solución a un problema, sino que es a partir de las experiencias compartidas de otros países que se hacen las recomendaciones de lugar.
“Siempre actuamos sobre la base de las experiencias aprendidas y es a partir de ahí que demostrados que sí funciona tal o cual sugerencia”, sostiene.
Para Michelle Cohen, presidenta de ProCompetencia, este intercambio académico reporta valiosos frutos a un país que como República Dominicana necesita balance y equidad. “Aquí es donde se intercambian las mejores prácticas de competencia”, dijo.
