La crisis (permanente) del sistema eléctrico dominicano ha dejado de ser noticia, por lo menos para la ciudadanía. Para las finanzas públicas jamás. Es una carga pesada para la economía.
Si bien debemos admitir que ha habido mejoría en el servicio, no es menor cierto que aún representa uno de los principales retos por vencer en el país. Desde que tengo uso de razón he escuchado hablar del problema energético. He sido testigo de cortes en el servicio de electricidad a toda hora. ¿Y sobre el subsidio? Bueno, en los últimos tres años se han erogado más de RD$200,000 millones, lo que a todas luces es una cifra que toca los límites de la lógica.
Como profesional de la Comunicación me ha tocado cubrir el sector durante los últimos 20 años. El cuento desagradable del sector eléctrico parece reeditarse con los días. La mejoría, porque sí que ha mejorado algo, se siente más en la primera fase del sistema: generación. Las demás etapas han sido las responsables del gran hoyo financiero (histórico) que afecta las cuentas del Estado.
No ha habido un solo gobierno que durante los últimos 40 años no haya prometido la “solución definitiva” a este problema. Para este año hay presupuestado sobre los RD$53,000 millones para cubrir el déficit de las distribuidoras. Con la capitalización de finales de los 90 se pensó que “habría luz al final del túnel”, pero los resultados actuales indican que se quedaron muchos cabos sueltos, principalmente el que tiene que ver con la distribución y/o comercialización de la energía, principalmente por las pérdidas técnicas o no técnicas que afecta el flujo de efectivo de las empresas distribuidoras de electricidad.
Vamos a la pregunta que sirve de título de esta columna. ¿Por qué (aún) se va la luz en República Dominicana? Con toda seguridad hay una retahíla de razones, la mayoría conectadas con la falta de responsabilidad de quienes han gestionado el Estado en los últimos 50 años. La misma actitud de los gobiernos (los que han estado al frente de las entidades del sector) ha sido la responsabilidad de cultivar la cultura del no pago en la población, todo por los efectos que, en su momento, podía tener en la intención del voto. Queda claro aquí que también ha habido un elemento político como “incentivo histórico” para que la gente no pague el servicio.
Luego de la capitalización del sector eléctrico, hay que admitirlo también, la cultura del no pago ha disminuido su incidencia, y los usuarios ahora se quejan, entre otras cosas, de la alta tarifa o facturación, pero no porque el Gobierno les da apagones. Hay quienes, queriendo pescar en río revuelto, culpan a una determinada gestión de Gobierno por el mal servicio.
Sin embargo, la generalidad enfoca sus cañones hacia las empresas distribuidoras como sociedades comerciales debidamente identificadas y responsables de ofrecer el servicio de energía. Entonces, si tomamos en cuenta las razones por las que (aún) se va la luz en República Dominicana, tenemos tres variables fundamentales: irresponsabilidad de los gobiernos, porque cultivaron la cultura del no pago en la ciudadanía; la pésima gestión de las empresas distribuidoras de electricidad y la falta de inversión en las redes, lo cual es una cuestión que debe considerarse como acciones constantes para evitar las pérdidas técnicas. ¿Hasta cuándo será necesario subsidiar la “degestión” de las empresas distribuidoras de electricidad? En fin, parece el cuento de nunca acabar.
