El amigo Hugo Beras ha sido colocado en la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de República Dominicana, bajo la ley 61-17, la cual aún no se aplica con la rigidez requerida con más de cinco años de existencia, en un país que tiene los mayores índices de violaciones, muertes y heridos de toda la región.
Sabemos que Hugo Beras, a pesar de su gran conocimiento y capacidad sobre el tema, y lo conflictivo del entorno con sus intereses, no tiene una varita mágica para de cuajo aplicar la ley, lo único que esperamos es que tenga la voluntad política y el apoyo para avanzar más de prisa en la aplicación de la ley, para reducir los costos para la sociedad que implica no tener reglas para la conducción en nuestras calles y avenidas, donde mueren más personas que en cualquier declaración de guerra.
Ojalá, comience con autenticar las multas por las violaciones de la ley. El que no pueda manejar y tener un vehículo como lo exige la ley, que no lo tenga, pero solo aplicándola, podremos ir domesticando la selva en que hemos convertido las calles del país.
Actualmente, estamos premiando a los violadores, en perjuicio de los ciudadanos ejemplares; Todo lo contrario de ir conduciendo una nación por la vía del desarrollo y la paz.
Otra sugerencia es dotar de identidad a todos los motoristas y regularizar la entrada sin control de motores y entrega a cualquier persona sin la menor preparación para su conducción, lo que están provocando más del 70% de los accidentes y los atracos. Esta medida nos va a reducir los asaltos y los muertos y heridos hasta un punto considerable y beneficioso para todos.
También debe producirse una inspección de las vías para corregir los puntos neurálgicos, las cuales producen accidentes fatales. Esto no conlleva grandes inversiones de dinero, por lo que no sería complicado lograr corregir este problema en un tiempo corto, lo que redundara en beneficio para el propio Estado. Aquí también debemos regularizar el cobro de las propiedades del Estado que son destruidas por los vehículos, sea por sus propietarios o por las aseguradoras.
Una última sugerencia, de tantas que podríamos hacer, es que Hugo Beras puede concluir con la DGII, la no entrega del derecho de circulación, si el vehículo no tiene su inspección y su seguro. Cada vez que mandamos a las calles, vehículos en mal estado y sin una cobertura adecuada, estamos incrementando el caos y la pobreza, cada vez que un miembro de una familia pobre cae bajo los efectos catastróficos de las ruedas incontrolables que son disparadas a las calles por la DGII, en violación de la ley 61.-17. Cuenten conmigo.
