La diversificación de la matriz energética, como una vía eficaz para bajar el monto del subsidio que cada año otorga el gobierno para la sostenibilidad financiera del sector, es consenso entre todos los protagonistas de la industria eléctrica. El mercado eléctrico puede mostrar buenos ejemplos de lo que se puede hacer para no depender de un solo combustible. Inversión en todos los niveles es la clave. ¿Quién deberá hacerla?
De hecho, el proceso de diversificación se inició en 2003 cuando AES Dominicana inauguró la primera planta de generación a gas natural. Las hidroeléctricas han dominado la producción de electricidad con fuente renovable, aunque en los últimos años la inauguración de parques eólicos y algunos proyectos de energía solar, han despertado el interés de nuevos inversionistas que conocen el potencial que tiene República Dominicana en el sector.
La cuestión que está sobre la mesa está relacionada con una pregunta que se hacen todos: ¿Quiénes deberán liderar todo este proceso de diversificación de la matriz energética? ¿El Estado, los empresarios o una relación mixta? La opción que ha presentado el gobierno es la de construir, en principio, dos plantas a carbón en Azua y otra de gas natural en Montecristi con la modalidad de mantener la propiedad y darlas a administrar al sector privado. Aún no se conoce cuál es la posición de los empresarios del sector entorno a esta decisión.
La relación del Estado con el sector privado es bien conocida a través de EGE-Itabo y EGE-Haina. Lo que sí es realidad es que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), bajo la vicepresidencia ejecutiva de Rubén Bichara, echó para atrás un proceso de licitación para la contratación de nueva generación que fue avanzado por su antecesor Celso Marranzini. Ahora hay un proceso nuevo que da señales de caminar con cierta rapidez. Está por verse si el presidente Danilo Medina podrá inaugurar algunas de estas plantas bajo licitación.
La modificación de la matriz energética busca integrar 1,700 nuevos megavatios. La inversión pública sería de US$2,000 millones a través de 300 megavatios a gas natural y 600 a carbón.
El plan contempla que el sector privado invierta US$700 millones con 450 nuevos megavatios, 300 de los cuales sería a gas y 150 a carbón. La inversión mixta (público-privada) sería de otros US$1,000 millones con 350 megas a carbón. En este último punto el gobierno decidió aprovechar el “know how” o experiencia de AES con la aplicación de Itabo.
Las metas están establecidas, según la CDEEE, en un ahorro de US$660 millones con los proyectos en ejecución y en planes. El plan establece una economía de US$221 millones con las nuevas plantas a carbón, US$141 millones la conversión a gas natural de las unidades de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (CESPM), US$110 millones con la expansión de Itabo, US$92 millones vía las nuevas plantas a gas natural, US$53 millones el ciclo combinado Los Mina V y VI, US$22 millones, US$22 millones con Quisqueya 1 y 2, así como US$21 millones la conversión a gas de la Sultana del Este.
Distribución
La necesidad de inversión en la calidad de las redes de distribución es un imperativo. Las estadísticas de la CDEEE sobre los circuitos 24 horas, aquellos que por su nivel de cobranza son calificados A, establecen que hasta ahora parecen no haber obedecido al criterio de por lo menos un 10% de pérdidas. En el sistema interconectado hay 243,518 clientes en circuitos 24 horas, Edeeste con 81,500 (33.46%), Edesur con 59,985 (24.63% y Edenorte con 102,033 (41.89%).
Aunque parezca contraproducente con la norma, hay circuitos que reciben 24 horas de electricidad todos los días con niveles de pérdidas de un 83%, como es el caso del CATA02 (372 clientes), de Edeeste, donde apenas se recupera el 17% de la energía despachada, aunque se cobra el 92% de lo que se factura. Este ejemplo deja claro que el principal problema aquí es la mala calidad de las redes y las conexiones ilegales, lo cual sólo se arregla con inversión. En el primer trimestre de este año el déficit acumulado fue de US$314.6 millones en 2012 fue de US$1,288.9 millones.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de su presidente Manuel Diez Cabral, lo dejó establecido en un encuentro que tuvo con LISTÍN DIARIO a mediados de este mes: La solución a la crisis energética debe ser vista a través del sector privado. La entidad aboga por el pacto eléctrico.
