Los ministros de Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de otros nueve países asociados mostraron este viernes su preocupación porque casi la mitad de la ayuda pública al sector es “potencialmente dañina para los esfuerzos a largo plazo para luchar contra el cambio climático y para otros retos de los sistemas alimentarios”.
En una declaración al término de dos días de reunión en París, los representantes de esos 47 países y de varias organizaciones internacionales lamentaron en paralelo que las inversiones en innovación, en bioseguridad, en infraestructuras y en otros servicios generales pesen poco en esas ayudas.
En concreto, únicamente representan un 13% de las transferencias al sector agrícola, un porcentaje inferior al 16% que suponían hace dos décadas, cuando esas inversiones se consideran tan importantes para un crecimiento sostenible de la productividad.
La OCDE estima que para conseguir el objetivo de eliminar el hambre en el mundo y limitar las emisiones para cumplir los objetivos climáticos de los Acuerdos de París, en la próxima década la productividad en la agricultura tendría que progresar un 28%, lo que significaría triplicar el ritmo del último decenio.
Los responsables de Agricultura de sus países miembros, así como los de Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Kazajistán, Perú, Rumanía, Sudáfrica y Ucrania, hablaron también de la invasión rusa de este último país, al que manifestaron su apoyo.
Acordaron mantener el diálogo para garantizar que el comercio internacional de alimentos y de fertilizantes se mantenga “abierto y transparente”, para que los mercados respondan a las presiones y se evite que la guerra incremente todavía más la inseguridad alimentaria global.
A medio y largo plazo, los tres grandes desafíos que identificaron para el sector agroalimentario son en primer lugar ofrecer una alimentación suficiente y segura a una población mundial creciente que se acercará a los 10,000 millones de personas en 2050.
Los otros dos son afrontar los retos medioambientales, incluida la reducción de las emisiones causantes del efecto invernadero y restablecer la biodiversidad, y ofrecer medios de vida a todos los actores de la cadena alimentaria, incluidos más de 600 millones de agricultores y ganaderos.