El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha aprobado en su última sesión del año operaciones de financiación por un total de US$681 millones (€644 millones) para actuar en aspectos estratégicos de la región como corredores viales, transición energética, infraestructura social y apoyo al sector privado (especialmente a las pequeñas y medianas empresas).
Estas ayudas van en línea con el compromiso del CAF con la reactivación económica y con el objetivo de convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe.
“La región cuenta con un CAF que aporta soluciones a los desafíos de corto plazo en un año marcado por alta inflación, incertidumbre en el contexto global y las secuelas de la pandemia, al mismo tiempo que demuestra que está preparado para otros retos a largo plazo, como el cambio climático, permitiéndonos ofrecer más bienestar y oportunidades a la gente”, ha afirmado el presidente ejecutivo del banco, Sergio Díaz-Granados.
En concreto, US$400 millones (€378 millones) de estas ayudas se destinarán a Argentina, para financiar el desarrollo de caminos rurales productivos y proyectos verdes de la empresa energética Pan American Energy (PAE).
Por otro lado, los estados de Manabí y Esmeraldas (en Ecuador) y de Sao Paulo (en Brasil) recibirán respectivamente la cantidad de US$100 millones (€94.7 millones). En el caso de las regiones ecuatorianas, esta financiación contribuirá a la habilitación de servicios públicos y provisión de infraestructuras y se estima que beneficiará a cerca de 336,000 personas. Mientras, en Brasil, el crédito de CAF se utilizará para mejorar la productividad, promover la innovación empresarial, y el desarrollo de la infraestructura económica y social.
Los restantes US$81 millones (€76.7 millones) serán entregados a Bolivia, para la construcción y asfaltado de varios tramos de carretera, “contribuyendo a la integración nacional y regional”.
Asimismo, el Directorio de CAF también lanzó esta semana el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2022), titulado ‘Desigualdades heredadas: el rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones’, en el que se identifican las principales barreras a la movilidad social que se configuran sobre la base de las desigualdades de origen, entre las que destacan las del nivel socioeconómico familiar, las étnicas, de género y geográficas.
