El pasado 5 de julio del presente año, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que busca crear un Departamento de Crédito Educativo, adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el cual pretende otorgar préstamos a estudiantes o profesionales que deseen realizar estudios técnicos, carreras universitarias y posgrados dentro o fuera del país.
Para tales fines, se persigue que esta iniciativa, que aún debe ser ratificada por el Senado de la República, sea financiada directamente por el Estado dominicano. Específicamente, se plantea que los recursos no sean inferiores a RD$265 millones de pesos provistos por el MESCyT (24.5%), el Ministerio de Educación (37.7%) y las AFP (37.7%). Además, buscará obtener otros aportes del sector privado.
Dada la significativa cantidad de recursos gubernamentales y de pensiones que se proyecta destinar a esta política, es prudente plantearse posibles escenarios que podrían amenazar la sostenibilidad financiera del programa y la consecución de su objetivo de apoyar el proceso formativo de ciudadanos de bajos recursos con alto índice académico. De forma concreta, se debe prestar especial atención a dos posibles situaciones de riesgo:
1. Impago de los préstamos. Si los tomadores de estos créditos educativos incumplen con la devolución de lo fiado (más los intereses), la totalidad del fondo se achicaría y así su capacidad para prestar a la próxima generación de estudiantes. Como contrapartida, el Estado podría decidir rescatar el fondo poniendo más dinero. En ese caso, se perdería una de las ventajas de los sistemas de créditos educativos: el autofinanciamiento. Para evitar lo anterior, se debería por lo menos tomar dos medidas. Por un lado, emplear las buenas prácticas de cobro de las acreedoras locales de préstamos educativos que tienen décadas operando el país. Ejemplo, FUNDAPEC.
Por otro lado, no se debería conceder créditos a personas que aspiran estudiar carreras de baja remuneración y alto desempleo, y/o en universidades de pobres estándares educativos. Pues, una vez graduados, tendrán grandes dificultades para pagar su deuda estudiantil. Se comenta que será de esa manera, y es responsabilidad de la sociedad presionar para que así se mantenga.
2. Crecida del costo de la matrícula. Facilitar la adquisición de financiamientos educativos en formato de créditos (o becas), reducirá las restricciones presupuestarias para acceder a la educación superior. Dentro del país, esto podría elevar la demanda y, en consecuencia, las tarifas de la matrícula de técnicos y carreras universitarias. De hecho, esto se ha evidenciado en Estados Unidos, cuyos estudios muestran que la relación entre financiamiento y costo de la matrícula es fuerte en el sector privado.
En República Dominicana, el 56.6% de los alumnos del nivel terciario están inscritos en institutos privados. Si el costo de la matrícula sube, también el monto de la deuda que deben tomar los estudiantes. Si por añadidura la inflación continúa creciendo más rápido que los salarios, los deudores podrían sentirse ahogados; produciéndose un descontento social que estalle en protestas recurrentes, como ha ocurrido en Chile en donde se exige, entre otras cosas, el fin de la deuda estudiantil. Como contrapeso, localmente se debería fomentar la competencia entre institutos de educación superior y, sobre todo, apostar por la educación pública que requiere menos fondos para matricularse.
Ciertamente, la creación de un fondo público de créditos públicos promete ampliar las oportunidades formativas de la población. No obstante, un mal manejo del mismo puede hacerlo insolvente, generar pasivos que impidan el ahorro y el progreso económico, y acrecentar las ineficiencias del ya ineficiente sistema educativo dominicano. Por ende, se debe ser vigilante y tomar todas las precauciones que garanticen la calidad del programa.
