[dropcap]A[/dropcap]postar por la estabilidad, en cualquiera de sus niveles, es un imperativo para todos los dominicanos. En estos días, en que las pasiones desbordan la razón y podrían hacer perder el tino a cualquier mortal, lo más recomendable es pensar varias veces antes de actuar. Y actuar, en este caso, quiere decir antes de expresar cualquier juicio que pudiera tener más de una acepción.
República Dominicana es la casa donde viven alrededor de 11 millones de almas. La deuda social, histórica si se traslada en el tiempo, es un compromiso de todos, aunque la responsabilidad de encarar y dirigir las soluciones está sobre los hombros de quienes tienen el poder de decisión.
Cada cual, desde su posición, está en la obligación de aportar a la estabilidad social y económica. Los empresarios, por un lado, tienen una de las tareas más importantes, pues deben hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mantener sus empresas, generar empleos, suplir el mercado local con los productos y servicios, exportar y generar divisas para el país, mantenerse actualizados y atentos a los competidores, así como armonizar en medio de un mercado feroz.
A las autoridades también les compete una gran responsabilidad. Su misión, una obligación que se la delega el pueblo a través de las elecciones, es garantizar condiciones favorables y equitativas para que el sector privado pueda operar en un ambiente competitivo. Un gobierno que ofrece garantías plenas para que el mercado se desenvuelva y desarrolle en armonía con la equidad, a la larga será reconocido automáticamente por la sociedad en su conjunto.
A los legisladores, los que se repitan y aquellos que se estrenen, tienen de frente el reto de crear leyes acorde con los nuevos tiempos, de modificar aquellas que se han quedado rezagadas por las razones que fuere y de ser garantes de una fiscalización eficaz de su cumplimiento. El desprendimiento y el servicio social, aunque parezca una quimera, debería ser el primer punto en sus agendas legislativas.
Al Poder Ejecutivo, quien sea que esté ahí al frente de la cosa pública, le corresponde transmitir confianza y estabilidad a los inversionistas locales y extranjeros; ejecutar políticas públicas que ofrezcan seguridad a la ciudadanía y los visitantes, así como ser coherente entre la palabra y los hechos. Los proyectos personales, en todos los casos, no pueden estar por encima del interés general del país y de sus habitantes.
Los gobernantes no pueden cerrar los ojos del conocimiento y no entender que la estabilidad es un activo que beneficia a todos.
Cuando cada funcionario, electo o designado, entienda que su poder es delegado y que, ante todo, representa a una institución, el país caminará por mejores senderos. Llegar a una posición pública, además de ser un privilegio y un honor que ofrece la ciudadanía, es una altísima responsabilidad que debe asumirse con la suficiente entrega y desprendimiento. Quien llega cargado de compromisos particulares es muy probable que no sea justo en sus actuaciones.
Al jefe de Policía le compete brindar seguridad a la ciudadanía y mantener el orden público, al gobernador del Banco Central, junto a su equipo, garantizar la estabilidad de precios a través de los diferentes instrumentos de que dispone esa entidad; a los jueces, juzgar con los ojos cerrados; a los empresarios, seguir produciendo; al Presidente, ejecutar las leyes y trazar la línea del desarrollo; a los centros de educación, preparar el talento humano; a los choferes, garantizar movilidad ordenada, en fin, cada quien no olvidar su responsabilidad ante el país.
¿Y al ciudadano común, ese cuya importancia es mejor valorada en tiempos electorales, qué le compete? La respuesta es simple: todo.
