Durante los últimos años, hemos incursionado en el estudio y análisis de la economía verde, un fascinante mundo que conduce a la concientización sobre la importancia de que la producción de bienes y servicios de los países esté vinculada al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
Así también, los estudios realizados han permitido conocer lo que significa la producción verde, en donde las empresas industriales utilizan insumos y materias primas que son amigables al ambiente, y en donde se generan los denominados empleos verdes, que no son más que “aquellos que contribuyen de forma decisiva a promover el tránsito hacia una economía con menores emisiones de carbono con el fin de evitar los efectos irreversibles y peligrosos del cambio climático sobre las empresas y los trabajadores” (OIT, 2008).
Sin embargo, aunque la economía verde y la producción verde tienen lugar en el contexto del desempeño del sector privado, su fomento para la potencialización precisa de un marco de políticas públicas cónsonas con ese propósito. En efecto, una gestión financiera pública verde (GFPV), pertinente y oportuna, es tan necesaria como las propias acciones que implementen las unidades productivas que inician su transformación hacia una economía verde.
En ese sentido, la literatura consultada habla del importante rol que juega la GFPV, en todo “el ciclo del gasto público, incluidos la planificación y el diseño de políticas fiscales y presupuestarias, la gestión de los riesgos fiscales, las asignaciones y la ejecución de los recursos públicos, así como el seguimiento y la evaluación de su eficiencia y eficacia” (Pimenta, 2022).
Según una publicación del Fondo Monetario Internacional del 2021, la GFPV tiene como objetivo “adaptar las prácticas existentes de gestión de las finanzas públicas, para apoyar las políticas sensibles al clima, tanto en mitigación como en adaptación”.
En concreto, una GFPV está sustentada en las asignaciones en los presupuestos nacionales, lo que nos lleva a pensar en una presupuestación verde (green budgeting) vinculada al conjunto de estrategias y herramientas presupuestarias que ayudan a los responsables de la formulación de políticas públicas a medir sus resultados, y a tener una comprensión más clara del impacto ambiental y climático del gasto público.
Ahora bien, cómo los gobiernos pueden hacer una gestión financiera pública verde efectiva? Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) existen cinco herramientas que se utilizan para implementar una adecuada GFPV; estas son: 1) Establecimiento de marcos de gasto de mediano plazo verdes, en donde se identifican “los riesgos económicos y fiscales del cambio climático, con los impactos en la deuda pública, con escenarios alternativos, rangos probabilísticos y análisis de sensibilidad, para alcanzar emisiones netas cero de carbono”; 2) Marcación del gasto y nuevos calificadores presupuestarios; 3) Evaluaciones del gasto relacionadas con el clima; 4) Generar estados financieros verdes a partir de una contabilidad verde, y 5) Transparencia y vigilancia permanente.
Aunque la adopción por parte de los gobiernos de América Latina de gestiones financieras de carácter público enfocada en el clima no es tan frecuente, su importancia es cada vez mayor, sobre todo en la medida en que se incrementan los efectos del calentamiento global y el cambio climático, se profundizan las emisiones de gases de efecto invernadero, y aumenta la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. De ahí que la República Dominicana ahondar en este tema y procurar la ejecución de una mayor cantidad de medidas y acciones en el marco de una gestión financiera pública verde.