El año pasado el sector eléctrico dominicano terminó como siempre: con pérdidas sobre el 37% y con un déficit que superó los US$1,500 millones. Otros datos indican que el Gobierno tuvo que destinar más de US$1,800 millones en 2022 para subsidiar las empresas distribuidoras de electricidad, lo cual estuvo relacionado, entre otras cosas, a una débil gestión, al aumento en los precios de los combustibles, a más energía servida y a una nómina más pesada.
Es oportuno hacerse valer de los datos, los cuales hablan de los resultados que muestran estas empresas propiedad del Estado, por lo que están obligadas a estar sometidas al escrutinio de la opinión pública. Los gastos operativos cerraron 2022 en US$406.8 millones, lo cual significa un 16.3% más respecto a 2021, año en que terminaron en US$349.63 millones.
Las inversiones destinadas a reducir las pérdidas apenas fueron por US$145.61 millones, lo que significa un 50.7% menos respecto a 2019 cuando el monto destinado a este capítulo fue de US$295.5 millones. De hecho, en 2021 fue menor, pues esta partida apenas llegó a US$113.1 millones.
Y son los datos los que establecen que luego de 24 años de capitalización, tomando en cuenta la reversión con la recompra de las EDE, es de orden mencionar que en cuanto a la nómina, las EDE aumentaron el personal de 7,575 a 8,090 entre 2021 y 2023, es decir, en 515, lo que equivale a una variación relativa de un 6.8% en este período.
En lo que respecta al personal, lo cual habría de tener un impacto en los gastos operativos, el mayor salto ocurrió en mayo junio de 2021, al pasar de 7,618 a 7,749, equivalente a 131, un 25.4% de toda la variación de los últimos dos años.
Las distribuidoras de electricidad, a toda luz, siguen representando el gran reto de los gobiernos, toda vez que están obligadas a ser rentables, por su naturaleza, pero se enfrentan a las presiones que reciben quienes llegan a gestionar el Estado, pues hay que darles empleos a las bases del partido de turno.
Ahora no es la excepción. Las tres EDE están en una disyuntiva: o son rentables o seguirán siendo la carga pesada que han representado para las finanzas públicas, que casi ronda el 2% del producto interno bruto (PIB).
A quienes gestionan estas empresas, algunos de los cuales entienden la importancia de despolitizar el sector eléctrico (porque lo han afirmado en diversas oportunidades), deberían recibir un salario e incentivos en función de los resultados. Está demostrado que el sector puede ser rentable. Los sistemas aislados son una prueba de ello.
