El comercio ilícito es un flagelo devastador para las economías. Cada año República Dominicana deja de recaudar cerca de RD$3,000 millones, debido a prácticas ilegales, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Ante esa situación el Gobierno ha tomado medidas; sin embargo, hace falta mayor colaboración entre los sectores público-privado.
El planteamiento lo hizo Armando Rivas, presidente del capítulo dominicano de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC, por sus siglas en inglés), al considerar que aumentar estas colaboraciones hará más eficiente combatir el contrabando, lavado de activos, fraude aduanero, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilegales en el comercio.
Exhortó a crear instrumentos que permitan prevenir el desarrollo de actividades ilegales en las exportaciones e importaciones locales. Esto, dijo, a través de trabajos conjuntos.
Rivas ofreció la información durante su participación en la asamblea general ordinaria de BASC Dominicana, que se realizó en el hotel El Embajador con la presentación del informe de la gestión de 2022, así como el plan de trabajo 2023.
En la actividad también se firmó el acuerdo de cooperación rubricado por Rivas, en representación de BASC Dominicana, y Elizabeth Mena, por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) presidente de la institución de referencia, con el objetivo de desarrollar actividades que fomenten el comercio seguro en el sector exportador.
