[dropcap]A[/dropcap] las 9:12 de la mañana, del pasado jueves, iba de camino hacia una actividad organizada por las Naciones Unidas a hablar de riesgos naturales. Los temas: terremotos, huracanes, deslizamiento de tierra, inundaciones. ¿Y qué creen? Tembló la tierra.
El Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IS-UASD) lo calificó como un sismo de 4.4 grados en la escala de Richter, sintiéndose en gran parte del país y generando alarma entre la población.
El acontecimiento me hizo recordar que ciertamente soy un ciudadano que vive en un país con 14 fallas sísmicas activas, que constantemente liberan energía acumulada durante años. Y qué bueno que sueltan toda esa carga poco a poco. Nadie sabe qué sucedería en este país si la tierra tiembla sobre los 6.5 grados en la escala de Richter. Y no queremos averiguarlo.
En ese momento me llegaron algunas preguntas: ¿Realmente estamos preparados para un terremoto? ¿Sabemos si nuestra familia está lista para reaccionar adecuadamente? Y nuestras viviendas, ¿fueron construidas con resistencia sísmica? ¿Qué capacidad de respuesta tiene el Estado? Hay muchas preguntas que nos haríamos al tratar este tema, del que nadie quiere hablar, pero que todos sabemos que es tan cierto como la vida misma.
En medio del caótico tránsito de esa hora veía a la población algo confundida, como preguntándose si realmente tembló la tierra. Y ahí está una parte del problema: no saber identificar el peligro rápidamente es un gran riesgo. Los dominicanos estamos acostumbrados a enfrentar tormentas fuertes, pero no terremotos, por lo menos la presente generación. Lo que pasó en Haití es solo una muestra de lo que sucedería en este país en caso de un movimiento telúrico de gran magnitud.
Hay que estar alerta (que no significa que estemos del todo preparados) para cualquier eventualidad. La responsabilidad del Estado, y de quienes lo administran, es fundamental.
Según el Banco Mundial, en el estudio Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en República Dominicana (2015), una estrategia de gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres se enfoca en tener instrumentos financieros de retención y de transferencia del riesgo, y mecanismos administrativos y legales, que permitan gestionar el riesgo fiscal asociado a amenazas naturales reduciendo así la carga fiscal asociada y, por ende, asegurando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
